Luis Otoya Trelles Opinión

Legalidad sin legitimidad

Hace tres días, el JNE proclamó a Pedro Castillo como ganador de una disputada elección que, dentro del marco legal existente, lo convierte en el presidente electo para gobernar nuestro país los próximos cinco años.

Quizá este proceso electoral, desde su convocatoria hasta su proclamación, debe haber sido uno de los más controvertidos de las últimas cuatro décadas, como consecuencia de la crisis sanitaria y política que se vive en nuestro país.

Las proyecciones de las encuestadoras, hasta dos días antes de las elecciones, no pudieron determinar quién de los dos candidatos sería el ganador. El margen de diferencia entre uno y otro era muy ajustado, por lo que era previsible se disputaría voto a voto en cada mesa de sufragio. Es ahí donde se requería la transparencia de los organismos electorales para generar confianza en los resultados finales del proceso electoral.

El JNE, organismo al que le correspondía garantizar el desarrollo de un imparcial proceso electoral, ha sido de principio a fin el gran protagonista en estas elecciones. La ley electoral parece haberles dado a sus miembros espacio suficiente para ser permisivos con unos e intolerantes con otros. Han vetado o aceptado candidaturas en base a la subjetividad de criterios que, aplicados de forma diferente, perjudicaron o beneficiaron a variopintas organizaciones políticas. El tiempo y el reloj se contabilizaron de forma inusual con muy poca tolerancia. Para el JNE ha sido más importante cumplir los plazos que ir en busca de la verdad. Además, han mostrado poco interés en que se investiguen las denuncias de trampa, que hubiesen ayudado para comprobar si estas eran sólo irregularidades aisladas o una forma sistematizada que, pulcramente ejecutada, pudo incidir en el conteo final.

La ONPE, el JNE y la RENIEC han minimizado y ninguneado las denuncias de irregularidades en el registro de actas, suplantación de miembros de mesa, firmas falsificadas y muertos que votaron. Estos organismos, teniendo en su poder los padrones, la identidad de los electores, las firmas y número de votantes, pudieron demostrarnos que estábamos equivocados, pero no lo hicieron. En algún momento, sabremos la verdad y las razones por las que no quisieron o no pudieron dar la transparencia que les exigía la ciudadanía. 

Finalmente, el pleno incompleto del JNE ha rechazado casi en su totalidad las solicitudes de anulación e impugnación de actas porque para ellos las pruebas presentadas, para sustentar los indicios de irregularidades, no han sido suficientes. Preocupa, además, que la máxima instancia electoral, al haber pasado algunas actas observadas al Ministerio Público para ser investigadas, ha definido que, en caso se comprobasen delitos, estos sólo serían considerados como actos de responsabilidad individual, aun cuando, por la cantidad y similitud de las irregularidades, se podría presumir que son indicios de un esquema organizado puesto en marcha con la intención de alterar la voluntad de miles de electores.

En esta contienda electoral, a pesar de que las preferencias estaban divididas y muy parejas, nos gustara o no, tarde o temprano habría un ganador y un perdedor. Quien ganó ahora celebra.  Quien no ganó siente que, si sus denuncias hubiesen sido investigadas o hubieran tenido la receptividad esperada, otro habría sido el resultado.

Lamentablemente, el gran perdedor en estas elecciones ha sido la democracia que, lejos de fortalecerse, viene siendo debilitada por gobiernos recientes que han tomado el control de la justicia en todos sus niveles, dando legalidad a actos que ahora les permiten llegar a gobernar, para mañana cambiar las reglas de juego y después perpetuarse en el poder.

La mitad de los peruanos nos hemos quedado con un sinsabor en la boca por los resultados, pero los respetaremos. A pesar de que la proclamación del nuevo presidente ha sido aderezada con toques de legalidad, su gobierno nunca va a tener el sabor que le da la legitimidad.

Por eso, no nos podemos rendir. Mientras tengamos vida y libertad, habrá esperanza. El tiempo nos dará la razón. La verdad, tarde o temprano, se conocerá.

¡Somos libres! ¡Seámoslo siempre!

Luis Otoya Trelles
Comunicador con 42 años en la publicidad y el marketing. Columnista de VOX POPULI y DIARIO EXPRESO. He sido: Director de la APAP, Director de United Way International Perú, Presidente del Tribunal de Ética de la SNRTV, Presidente y fundador del Consejo Nacional de Autorregulación Publicitaria (CONAR). Director Divisiones Menores de Alianza Lima. Soy una persona libre que persigo mi sueño de contribuir con mi país, He decidido participar activamente en política asumiendo el riesgo de terminar frustrado y salir chamuscado en el intento.

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