Un poder constituyente para una nueva Constitución

El Poder Constituyente es el poder originario por el cual una sociedad se organiza políticamente y promueve un nuevo orden jurídico, creando una nueva Constitución. El Poder Constituyente delega en el Legislativo, como poder constituido y derivado, la facultad de reformar la Constitución.

La Constitución Política de 1993, no reconoce la reforma constitucional a través de una Asamblea Constituyente, pero en su artículo 32, dispone que pueden ser sometidos a referéndum, la reforma total o parcial de la Constitución. Allí, hay una salida legal.

Por su parte, el artículo 206 de la Constitución Política precisa que la reforma constitucional es aprobada por el Congreso y ratificada por referéndum; el Congreso puede obviar de este último si logra, en dos legislaturas sucesivas, una votación favorable superior a 87 votos como usualmente sucede en la práctica.

Con estas premisas, veamos cómo podríamos canalizar la figura de una Asamblea Constituyente dentro de los conductos estrictamente constitucionales y legales.

Como primera medida, se tendría que plantear un proyecto de reforma constitucional sobre el artículo 206 de la Constitución, incorporando un texto que reconozca, de manera taxativa, que la reforma total de la Constitución se realiza a través de una Asamblea Constituyente y que su convocatoria debe ser sometida necesariamente a referéndum; asimismo, la aprobación de la nueva Constitución también debe ser mediante referéndum. En esa medida, es el pueblo, como titular soberano, que ostenta el poder de decidir si aprueba o desaprueba la nueva Constitución elaborada por la Asamblea Constituyente.

Con esta propuesta, se incorpora el reconocimiento constitucional de la Asamblea Constituyente, la misma que, al elaborar una nueva Constitución, elimina a la Constitución que la creó. No obstante, si bien este camino a seguir resulta, en letras, relativamente sencillo, debemos recordar que es el Parlamento el encargado de llevar a cabo esta reforma y para ello se requiere un amplio consenso de las bancadas, pues como mínimo, se debe asegurar el voto de una mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Una tarea muy compleja si con la elección de la actual nueva Mesa Directiva, ya se ha evidenciado el bloque de quienes quieren una nueva Constitución, de quienes plantean una reforma parcial y de quienes optarían por no reformar nada.

Crear una nueva Constitución es prácticamente refundar el Estado, lo cual implica reorganizar su estructura orgánica, política, económica e incluso ideológica. El Poder Constituyente no excluye la existencia previa del Estado, pero tiene un poder omnímodo que puede cambiarlo todo; lo que posiblemente —dada la coyuntura actual a causa de la pandemia y lo débil que aún es nuestra democracia— pueda generar inestabilidad política, social y económica, lo que nos lleva a reflexionar de si este es el momento más oportuno para cambiar la Constitución o tendríamos que priorizar otros asuntos de mayor urgencia, como la salud y la economía nacional.

Un Poder Constituyente, puede ser un poder ilimitado, pero no debe dejar de ser legítimo, y no está por demás precisar que, aun siendo un poder absoluto, no puede ni suprimir ni desconocer los derechos humanos vigentes y, como la Constitución actual, no le faculta al Presidente convocar a un referéndum constituyente. Todo este proceso tendría que proponerse, debatirse y aprobarse en el seno del Congreso de la República, como poder derivado de una Constituyente anterior, ello siempre y cuando se quiera seguir ese conducto constitucional.

Abel Hurtado. Abogado especializado en Derechos Humanos, Derecho Ambiental y Derecho Constitucional. Magíster en Derechos Humanos por la PUCP. Becario en Derechos Humanos y Conflictos por el Departamento de Estado del Gobierno de los Estados Unidos y egresado del Programa de Derechos Humanos y Política de Vassar College, NY. Actualmente se desempeña como asesor parlamentario del Congreso de la República y docente universitario.