Martín Belaunde Opinión

Sobre la incapacidad presidencial

Conforme al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución, la Presidencia de la República vaca por “su permanente incapacidad física o moral, declarada por el Congreso”. Para ese efecto y con arreglo al arreglo del inciso d) del artículo 89-A del Reglamento del Congreso, se requiere una votación calificada no menor de los dos tercios del número legal de sus miembros. Hoy eso significa un mínimo de 87 votos. Hasta ahora nunca se ha presentado  un caso de incapacidad física permanente del Presidente del República. Tampoco se ha discutido esa causal que parece obvia. Sin embargo el Reglamento del Congreso no define en que consiste la permanente incapacidad física del Jefe de Estado, de lo que podría desprenderse que una resolución de vacancia por semejante causal, requiere por lo menos de un dictamen emitido por una junta de médicos de la más alta solvencia profesional.

La vacancia por incapacidad moral permanente si ha sido objeto de muchísimas discusiones y existen muchos juristas y políticos que la consideran inconveniente y reñida con la estabilidad gubernamental del país. En la práctica solo ha sido aplicada dos veces, a pesar que la norma constitucional está vigente desde la Constitución de 1839.  En el año 2,000 el Congreso la aplicó respecto de Fujimori y en  el 2020 a Vizcarra. PPK renunció a la presidencia en el 2018 antes de que se le aplicara. El problema radica en cómo se puede reglamentar o establecer requisitos  adicionales para su aplicación. Es un tema jurídicamente arduo que requiere de un análisis  certero.

Pues bien, ¿Qué entendemos por incapacidad moral permanente?  Para ello debemos desglosar el significado de las palabras que componen esa frase. Comencemos por incapacidad. El diccionario de la RAE (vigésima segunda edición, 2001) consigna varias definiciones, pero en al ámbito jurídico señala que es “la carencia de aptitud legal para ejecutar válidamente actos o para ejercer determinados cargos públicos”. En cuanto a la moral ese mismo diccionario contiene varias definiciones, entre ellas la califica como la “ciencia que trata de bien en general y de las acciones humanas en orden a su bondad o malicia”. Con respecto a la palabra permanente, dicho diccionario la define como algo que permanece en el tiempo, a lo que podría agregarse sin posibilidad de cambio en un futuro cercano. Examinando las tres definiciones se concluye fácilmente que no hay problema con respecto a los conceptos de incapacidad y permanencia pero si existe uno muy grande respecto de la moral.

Si nos remitimos a fuentes más específicas como el  Diccionario Jurídico Elemental de Guillermo Cabanellas, la moral es definida como “algo perteneciente al fuero interno o a impulsos sociales, en contraposición a lo jurídico”. Si recurrimos a una fuente  norteamericana, el Diccionario Legal Webster  se habla de “certeza moral” como un “alto nivel de convicción permitiendo que una persona actúe en consecuencia, más allá de cualquier duda razonable”. Aquí vemos una definición práctica de la moral en cuanto a la toma de decisiones. Del mismo modo examinando a un viejo pensador español, Luis Recaséns  Siches, autor de  la obra clásica de filosofía del derecho “Vida Humana, Sociedad y Derecho”, dicho autor señala que la regulación moral está en la intimidad de los actos, mientras que la regulación jurídica se refiere a la fax externa de la conducta.

¿Qué podemos sacar en limpio de todas estas definiciones? Algo simple y complejo a la vez. Resulta muy difícil, por no decir casi imposible, establecer una metodología jurídica para definir cuando un acto político presidencial es inmoral o no. La traición obviamente es inmoral pero solo sería aplicable al Presidente cuando se trata de actos de traición a la patria que están sancionados en la Constitución. Los delitos también lo son pero su sanción se remite al Código Penal salvo aquellos específicamente señalados en el artículo 117 de la Constitución para la acusación y posterior destitución del Presidente de la República. Pienso que no tendría sentido llevar a cabo una modificación constitucional para señalar qué acciones son inmorales con el objeto de vacar al Presidente de la República, porque sería virtualmente imposible  o muy difícil llegar a un acuerdo sobre el tema.

En ese orden de ideas considero que con respecto a la incapacidad moral permanente del Presidente de la República, o se la mantiene como siempre ha estado en la Constitución histórica del Perú o se la deroga. En el caso que se mantenga solo cabría limitarla en algunos aspectos, como por ejemplo que no sea aplicable en el primer año del mandato presidencial a fin de darle el beneficio de la duda al Jefe de estado recién electo. Ello no obstante, en las actuales circunstancias políticas del Perú una limitación de esa índole no sería conveniente, ni tampoco sería adecuado derogarla o modificarla en el escenario presente. ¿Qué nos queda entonces? En mi opinión  que esa causal continúe y que se aplique cuando 87 congresistas consideren en su fuero interno, que el Presidente de la República actúa inmoralmente y que su conducta no tiene posibilidad de cambio en el futuro previsible. No hay otra salida práctica o teórica.

Martín Belaunde Moreyra
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos.  Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.

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