Martín Belaunde Opinión

Y dale con la confianza y la incapacidad

Después del voto de confianza otorgado al gabinete Bellido por amplia mayoría gracias al apoyo de Alianza para el Progreso y de Acción Popular, ciertos integrantes de una bancada filo gobiernista, decidieron tirar otro salvavidas al gobierno mediante un proyecto de reforma constitucional. ¿Qué sentido tiene ese proyecto y cuál es su fundamento? La idea, según sus autores, es precisar las razones por las que se otorga o rechaza el voto de confianza a un gabinete, sea al principio o en cualquier momento del gobierno. Eso con el antecedente de que en la Constitución de 1979, cuando el presidente del Consejo de Ministros se presentaba al Congreso para exponer la política y las principales medidas de su gestión, tal exposición no daba lugar a un voto del Congreso.

Ahora bajo la Constitución de 1993, esa misma exposición, en cualquier etapa del gobierno, puede originar un voto de confianza como acaba de pasar con el gabinete Bellido o de censura, que no fue aprobado. De la misma manera, bajo la Constitución de 1993 se puede interpelar y censurar por separado a cualquier ministro, quien en esa eventualidad debe renunciar. Ante esa posibilidad, prematuramente anunciada por el congresista Jorge Montoya, el presidente del Consejo de Ministros Bellido ha dicho que plantearía una cuestión de confianza, que comprometería a todo el gabinete produciéndose la primera censura en la cuenta regresiva de dos para que el presidente Castillo disuelva el Congreso. Es obvio que semejante afirmación constituye una amenaza contra la oposición democrática y una advertencia frente a los grupos tibios que el viernes 27 de agosto apoyaron a Bellido.

Es una lástima que el presidente del Consejo de Ministros, Bellido, no sea un experimentado parlamentario ni se haya tomado la molestia de leer bien la Constitución de 1993. La cuestión de confianza solo abarca al Presidente del Consejo de Ministros como líder del gabinete que expone la política del gobierno, sin comprender a los integrantes de su equipo ministerial, que pueden ser reemplazados sin problema cuando las circunstancias lo demandan. Así fue con Béjar y acaba de ocurrir con Maraví que ha renunciado a pedido de Bellido y de la presidenta del Congreso. Dos bajas en dos semanas y  no pasa nada con el gobierno. Por lo visto, el primer ministro no se animó a hacer cuestión de confianza. Todo esto nos da una idea de la debilidad del gobierno del presidente Bellido.

Pero además se quiere deformar la vacancia de la Presidencia de la República por permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso conforme al inciso 2 del artículo 113 de la Constitución. Con arreglo al artículo 96-A del Congreso, esa declaración requiere de una votación no menor de los dos tercios del número legal de congresistas, vale decir 87 votos.  De acuerdo al proyecto de reforma constitucional, se suprime la incapacidad moral y se la sustituye por incapacidad mental. Nos encontramos frente a un caso de engaño flagrante de los promotores del proyecto. La incapacidad moral se refiere a la conducta del presidente de la República cuando comete actos reñidos con la ética, de acuerdo al criterio de los congresistas. Estos actos pueden ser múltiples, desde violencia criminal por el jefe de Estado o la mentira en sus actos públicos y solemnes, por ejemplo, en un mensaje presidencial.

La incapacidad mental está subsumida dentro de la incapacidad física, que lógicamente debe ser declarada previo dictamen médico emitido por un grupo de profesionales del más alto nivel. ¿Cuáles podrían ser los casos? El estado de coma del presidente, infartos cardíacos o mentales que le impidan expresarse, una parálisis súbita o progresiva, la pérdida del habla o del movimiento, y en general situaciones de salud que no le permitan ejercer sus funciones presidenciales. Las funciones mentales son partes de la capacidad física del organismo humano. No en vano los romanos decían: “Mente sana en cuerpo sano”. Eso también vale para el Presidente de la República.

Martín Belaunde Moreyra
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos.  Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.

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