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La necesidad de fortalecer a las Beneficencias

En el Perú, las Beneficencias tienen su origen a finales del siglo XVIII, a través de la Real Junta de Beneficencias que funcionaba en Lima, hasta que oficialmente fue fundada la primera de ellas, precisamente la Beneficencia de Lima, que originalmente se llamaba Sociedad de Beneficencia Pública de Lima y el encargo era de asumir la tarea de proteger, albergar, alimentar y curar a los más pobres de la Ciudad.

El primer detalle en el que hay que detenerse es que, desde el principio, fueron instituciones ciudadanas que, si bien era fundadas por decreto presidencial, no dependían del presupuesto nacional, ni funcionalmente del aparato estatal. Se llamaban públicas por la naturaleza del servicio, no porque fuesen estatales. Se contaba con un órgano rector que podía estar en algún ministerio ya sea el de educación, salud, justicia y culto y su gestión era 100 % privada.

Todos los recursos provenían de la administración de su importante patrimonio inmobiliario, fruto de las donaciones de ciudadanos; de los ingresos de los cementerios; de la dirección de los hospitales, clínicas y colegios, que la misma Beneficencia construía, o recibía legado; de la organización del juego de loterías y de las donaciones de personas de bien, que con mucha conciencia social cedían a estas instituciones a lo largo de todo el país, porque sabían que el manejo era adecuado, confiable y de primer nivel.

En el caso de Lima, que es la más grande, pocos saben que la Beneficencia construyó con dinero privado los 8 hospitales con recursos propios y privados (Dos de Mayo, Arzobispo Loayza, Maternidad de Lima, del Niño, Noguchi, San Bartolomé, Larco Herrera). Albergues enormes como el Puericultorio Pérez Araníbar, San Vicente de Paul y Canevaro. Y todo, repito todo, gracias a una recta administración privada y autónoma.

En el Perú llegaron a existir 151 beneficencias que cumplían un rol complementario al Estado. Es decir, ayudaban al Estado en lo que éste no podía cumplir.

La desgracia vino cuando el afán estatista del gobierno golpista de 1968 intervino las Beneficencias y al poco tiempo las comenzó a destruir. La historia de las siguientes cinco décadas fue nefasta. Quebraron 50 beneficencias. Se redujeron a la mínima expresión los proyectos sociales y, por lo tanto, muchos menos pobres pudieron recibir la ayuda de estas instituciones. Importante recalcar que aún en este periodo el Estado no destinó recursos, sino que éstas debieron seguir auto sosteniéndose.

En setiembre de 2018 el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables promueve el Decreto Ley 1411 que restituye el derecho y naturaleza privadas a las Beneficencias y comienza a materializarse un criterio de justicia, abriéndose las puertas a la recuperación y renacimiento de ellas.

En el citado ministerio se mantuvo la Dirección de Beneficencias, como ente rector, cuyo fin es el de fomentar, incentivar y acompañar a las Beneficencias.

Lo sucedido posteriormente más bien desvirtúa ese rol promotor para convertirse en un ente fiscalizador, que más bien se aprovecha de ellas. Por supuesto, sin destinar recursos, exigen que alberguen a los niños a través de los CAR (Centros de Acogimiento Residencial), con unas reglas muy estrictas y evaluaciones draconianas. Sus requerimientos para la atención de adultos mayores son excesivos y muchos innecesarios.

Han venido emitiendo unos lineamientos ilegales que van en contra del espíritu y la letra de la 1411. Decretos Supremos que contradicen la norma superior y cuyo objetivo es seguir controlando inconstitucionalmente a las Beneficencias, vulnerando su autonomía y arrinconándolas.

Su discurso es incoherente pues dicen respetar la naturaleza privada, pero por otro lado te demandan qué puedes y debes hacer, sin respetar la autonomía. Y encima cuando acudes para un trámite, una autorización por una urgencia, se demoran hasta más de un año para atender solitudes que están contempladas en la ley.

En síntesis, el rol que cumple está muy alejado de lo que debería ser. Tienen que haber leyes complementarias que las regulen y detengan esta prolongación de la intervención estatal. Que no permitan estos abusos y que delimiten su rol promotor.

Es un absurdo, por ejemplo, que habiéndose definido que el máximo órgano de gobierno de las Beneficencias sea su Directorio y que, el mismo, sea nombrado por la Municipalidad Provincial (2), el Gobierno Regional (1) y el Ministerio de la Mujer (2). Una incongruencia total. Ya que resulta que el poder político del Estado es que el define a sus autoridades. Como va a ser posible eso en una entidad privada.

O que la norma diga que las Beneficencias se rigen por el código civil, pero los lineamientos establecen un proceso de compras y adquisiciones, peor que si fueran del Estado. O que definan el perfil de sus directivos y funcionarios, como si fueran empleados públicos, cuando está establecido que no lo son.

Las Beneficencias tienen que fortalecerse, recuperar su institucionalidad y volver a ser estas nobles instituciones de las ciudades, que trabajen incansablemente por mejorar las condiciones de vida de los pobres y más vulnerables.

Y para ello es necesario que el Estado cumpla su rol y No obstruya este proceso.

Guillermo Ackermann Menacho
Desde hace 40 años me desempeño como gestor en la industria de las comunicaciones y el marketing, tanto en medios tradicionales, radio y televisión, en la producción de contenidos audiovisuales, documentales, videos institucionales, programas y publicidad, realizados en 24 países. Desde mi juventud he participado en diversas iniciativas sociales, deportivas y religiosas, como gestor y voluntario. Soy un convencido que este mundo se puede cambiar si cada uno pone su granito de arena y, en lo que hago, trato de poner el mío.

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