La semana pasada nos hemos desayunado con la noticia de que la congresista Patricia Chirinos ha presentado una moción de vacancia contra el presidente de la República. ¿A raíz de lo acontecido con Vizcarra nos estamos acostumbrando a que si un gobierno no nos gusta se tumba con un procedimiento de esta naturaleza?  La Constitución establece como causales la incapacidad física, moral o mental.  El presidente Castillo no está impedido físicamente para ejercer el cargo ni es enfermo mental. Entonces, la incapacidad moral queda como única alternativa. 

¿Pero existe tal condición en los hechos por los cuales se acusa al mandatario? El argumento más trajinado al respecto es su incapacidad para gobernar. Se dice que Castillo no posee la formación suficiente para ejercer tamaña investidura y que comenzó con el pie izquierdo.  Es cierto, por otro lado, que para ser presidente no se estudia una carrera específica.  Según la Carta Magna, cualquier ciudadano podría llegar a este sitial si es elegido por el pueblo.  Desde esta perspectiva, Castillo habría asumido el gobierno por la vía legal. ¿Qué sucede entonces?  ¿De qué lo acusa Chirinos, quien, por cierto, no muestra un pasado político muy limpio que digamos y sí muchas ganas de montar shows mediáticos?

Si intentamos entenderla, su razonamiento es el siguiente: no sabe gobernar. Es decir, incapacidad en cuanto a una visión de estadista. Esto no es un asunto moral; es, sencillamente, carecer de los conocimientos necesarios para ejercer el cargo.  Otro punto es la patinada del Profesor al colocar en los ministerios a personas con prontuario, quienes no están expeditas para las funciones públicas.  Algunos, ante el escándalo, terminaron renunciando. Pero quedan otros. Todo esto -se dice-, lo ha hecho para devolver favores de campaña. En verdad, no es una “incapacidad moral permanente”, como lo establece la Constitución; sí, una carencia intelectual en su ejercicio. 

Aspecto muy ventilado es su cercanía con gente afín al CONARE y al MOVADEF, brazos civiles de la agrupación terrorista Sendero Luminoso. Y serían algunas de estas personas quienes han sido designadas para tareas de importancia.  Aquí sí es factible toparnos con un tema moral. ¿Es incapacidad de los funcionarios o del presidente?  Incompetencia para elegir a su gente de confianza, en definitiva, sí. ¿Las figuras aludidas lo colocan en el contexto que la Constitución exige?

Se perdió una gran oportunidad cuando el Tribunal Constitucional no emitió veredicto sobre qué significa esta noción jurídica; en 2020, adujo “sustracción de la materia” para el caso Vizcarra. 

El concepto debería interpretarse como “insolvencia moral” desde que el mandatario ocupa el cargo hasta que se descubre la misma y se produce la vacancia.  O cuando se han comprobado actos de corrupción por parte del jefe de Estado, incluso antes de ejercer las tareas.  Algunos, como el inefable Rafael López Aliaga, aducen que Castillo llegó al poder financiado por los “Dinámicos del Centro”: esto sería suficiente para que prospere la moción de vacancia. ¿Ha olvidado el líder de Renovación Popular sus deudas con la SUNAT?  El supuesto delito no es aún “cosa juzgada”, por lo que sería imposible sustentarlo. En cambio, las pruebas sobre evasión fiscal de López Aliaga son contundentes.

Cuando el ex presidente Vizcarra fue vacado, los hechos por los cuales se le acusaba estaban en fase de investigación.  Por ello, se afirma que su salida devino un Golpe de Estado.  El caso Kuzcynski fue mucho más lejos: no lo vacan, pero él decide renunciar antes de que esto se produzca; se encuentra con arresto domiciliario sin, hasta hoy, haber sido acusado de nada.  Así funcionan nuestros sistemas y pretendemos que las cosas sean perfectas. 

Castillo, en realidad, no da la talla para ser defendido, porque ha tenido no una, sino muchas actitudes fallidas y erróneas. Sin embargo, no le hace ningún bien al país descabezar presidentes como si se quitaran fusibles y se colocaran nuevos, a gusto de quienes perdieron las elecciones y no quieren aceptarlo. Esto creará un clima de inestabilidad social y política mayor al que ya vivimos.

No conocemos las verdaderas intenciones de la congresista Chirinos, pero algunas bancadas -cuchillo entre dientes- ven la gran oportunidad de que el presidente acuda al hemiciclo y exponga qué está haciendo.  Otros piensan que no alcanzarán los votos y no se producirá el episodio.  Una vacancia en el Perú de hoy, donde el dólar sube y la canasta básica también, indica que no es el momento. Así declaran los voceros; otros, como Montoya, cuestionable moralmente por su pasado fuji-montesinista, no están de acuerdo, pero aprovecharán el calor para “jalarle la lengua” al presidente Castillo. Etc.

Es un instante político crucial y cualquier cosa que suceda entre el Ejecutivo y el Legislativo repercutirá gravemente en la población.  Hasta que no se defina qué es la “incapacidad moral permanente”, no es dable hablar de vacancia bajo esta causal. El Congreso de la República no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias.  Las distintas bancadas que lo conforman se han dividido y esto dificulta los consensos. 

No coloquemos al país una vez más en vilo. No lo merece. Quizá sea el propio Castillo el que lo arruina, manejando un doble discurso.  Pero este hecho se amplifica por los desaciertos del Legislativo.  En una última encuesta, su presidenta, María del Carmen Alva, salió con la más baja aprobación. Y se lo merece con laureles. Esto demuestra que no solo es cuestión del Ejecutivo; el Congreso también contribuye con sus granos de arena que más parecen misiles.  Vayamos con cautela en una coyuntura tan delicada.  El Perú aguarda.

Miryam Patricia Falla Guirao
Licenciada en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctora en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA). Exbecaria de Investigación del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de la República Argentina en el área de Ética y Bioética. Docente Universitaria en pre y post-grado. Conferencista en universidades, colegios profesionales e instituciones jurídicas y de salud.

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