Es importante tener en claro cuáles son los principales proyectos de infraestructura que van a enmarcar este 2022 y cuál sería su impacto en la economía nacional.
Los proyectos grandes van a seguir con un nivel de ejecución interesante como son la Línea 2 del Metro de Lima y Callao; la Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez; la modernización de los Terminales Norte y Sur del Callao; la construcción del Puerto de Chancay; los proyectos de Reconstrucción con Cambios, sobre todo aquellos que van por acuerdo Gobierno a Gobierno; Nueva Rinconada, que es la obra de agua y saneamiento más grande del país; la Ampliación del Metropolitano; la Autopista El Sol que uniría Trujillo con Sullana; la carretera Santa María-Santa Teresa-Puente Hidroeléctrica Machu Picchu y la construcción del Túnel Machu Picchu; entre otros.
Ahora, hay que considerar también que el año pasado hubo un buen resultado para la vivienda; la vivienda social tuvo cifra récord con un crecimiento de 40% y aunque la vivienda no social no tuvo el mismo crecimiento, también ha crecido.
Hay un tema emblemático y es la suspensión de las operaciones para continuar con Majes-Siguas II, y esas son las malas señales que da la inestabilidad política del Perú. Y ya no hablemos si quiera de los mensajes contradictorios, porque el presidente Pedro Castillo Terrones insiste en querer promover las inversiones y aparenta desear un crecimiento sano de nuestra economía, pero con el ingrediente social con el cual nadie puede estar de acuerdo; siempre y cuando se promuevan inversiones y estas inversiones crean riqueza y a su vez el Estado pueda recaudar lo suficiente. Por ello, es necesario analizar y enfocar el tema de la inestabilidad política, también desde el punto de vista de los inversionistas.
No solo basta decirlo, sino también hay que convencer y este es el principal problema. Tanto las empresas grandes, medianas y pequeñas y los mismos grupos familiares que son los que también invierten en su vivienda, en un auto, en bienes muebles; pues dudan frente a tantos mensajes contradictorios y que reflejan en una gran medida un efecto rebote, pero evidentemente la generación de confianza es el requisito número uno para que se pueda recuperar la inversión.
La previsión del Banco Central de Reserva, en cuanto a la inversión privada para este año 2022 es de crecimiento 0%. Y hay unas estimaciones que hablan de una caída hasta de 8% en la inversión. Por ejemplo, la Cámara Peruana de la Construcción (CAPECO) realiza una encuesta bimestral, la cual arroja que para este año la inversión en nuevos proyectos de construcción podría caer en 4%. Entonces, es evidente que lo que se necesita es un “Shock de confianza”.
A nivel nacional más de 2,300 obras se encuentran paralizadas, que representan S/ 22, 453 000 000 (Veintidós mil cuatrocientos cincuenta y tres millones de soles), según las cifras de la Contraloría General de la República.
¿Cuáles son las principales causas de estas paralizaciones y como poder revertirlas a corto plazo?
Lo principal es darse cuenta que el sistema de contratación pública y la gestión pública de obras tiene que ser totalmente modificado. Por ejemplo, en el caso de Majes-Siguas II es evidente que el Gobierno Regional de Arequipa no tiene una gobernanza adecuada para poder gestionar un proyecto de esta naturaleza y eso tiene que resolverse.
Coincido con varios expertos en la materia que postulan que las Entidades que van a ejecutar proyectos en general; chicos, medianos o grandes tengan un nivel de certificación. Cuando uno es Contratista del Estado les piden tener ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, etc; pero la contraparte del Estado no está preparada y por eso es que ocurren estos problemas, eso en primer lugar.
En segundo lugar, tenemos una norma de contratación pública que es del siglo XIX y que no registra los avances tecnológicos que si están en otras normas administrativas como las que usa el Gobierno Británico, el Gobierno Francés, el Gobierno Coreano en los proyectos de Gobierno a Gobierno que nosotros nos vemos obligados a contratar.
Tercer problema, discrecionalidad de las decisiones de los funcionarios y la precariedad a la vez de estos funcionarios. Entonces, estas personas pueden poner las reglas que deseen y cuando ocurre un problema todo se deriva al arbitraje.
Cuarto problema, justamente que los arbitrajes se han convertido en una especie de cuello de botella. Se pedía desde hace mucho la incorporación de un mecanismo que se usa en las legislaciones modernas, que es la Junta de Resolución de Disputas (JRD), que resuelve los problemas sin necesidad de ir a un arbitraje; se ha aplicado para determinadas obras y debería generalizarse.
Con estos cuatro puntos podemos avanzar bastante.
Otro tema relevante es la incidencia del sector minero dentro del componente de infraestructura. En tiempos anteriores una ampliación de Antamina impactó en 1% el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) o el proyecto Toromocho recientemente, o Quellaveco.
El Gobierno no puede ponerse de costado frente a posibles conflictos que surjan entre las empresas, las comunidades y las autoridades locales. Lo más importante es establecer un marco de trabajo en el momento en el que se decide la inversión, y no cuando se van a aprobar los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) o cuando ya se vaya a empezar la obra. Esto tiene que implicar al menos tres cosas: un plan de desarrollo territorial para la zona de influencia directa e indirecta de los proyectos, un programa de inversiones en las que obviamente podrían colaborar las empresas y tercero, un nivel de decisión relevante en esa zona.
No es posible que cuando estalla un problema de esta naturaleza tenga que acudir casi medio gabinete para ver si resuelve el problema.
CAPECO ha pedido, y debemos tomarlo en cuenta, que en el corredor minero se constituya una Autoridad Autónoma que tome decisiones de inversión y que negocie de verdad con la minera y con las comunidades las estrategias de desarrollo, donde haya un representante del presidente de la República con decisión, con capacidad y por su puesto con un nivel de gestión de excelencia.
Definitivamente, no se puede dejar el desarrollo del corredor minero a las municipalidades provinciales que son muy débiles además en esas zonas.
Edward Chávez Aparicio.
“Ingeniero Civil USMP”.
Importante análisis de lo que viene sucediendo en el rubro de construcción e inversión en el Perú, felicitaciones ingeniero.