Después de varios intentos fallidos y un intrincado proceso que en el año 2019 sirvió de justificación para la disolución del Parlamento, hace unos días, el Congreso de la República ha logrado un avance importante en la consolidación de la institucionalidad jurídica y democrática del país al designar a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, tal como lo establece la Ley Orgánica del máximo intérprete de la Constitución en el país.
Conforme a lo dispuesto en dicha norma, el Congreso siguió para ello un procedimiento ordinario mediante la conformación de una Comisión Especial integrada por ocho congresistas bajo la presidencia de José María Balcázar, del grupo parlamentario Perú Libre, quienes se dieron a la difícil tarea de seleccionar a los candidatos aptos para su elección por el Congreso de la República. El procedimiento se inició así el 05 de octubre del 2021, con la publicación del Reglamento para la selección de candidatos aptos para la elección de magistrados del Tribunal Constitucional, culminando la labor de la Comisión Especial con la presentación de su informe final el pasado 18 de abril, luego de lo cual se procedió a la votación por parte del Pleno del Congreso, logrando los seis candidatos postulados un voto superior a los dos tercios exigidos por Ley.
Cabe destacar que, por vez primera, una de las etapas del procedimiento de selección de candidatos contó con la asistencia técnica de la Contraloría General de la República que se enmarcó en realizar la evaluación de las dos declaraciones juradas presentadas por los postulantes que superaron la evaluación curricular: una de ingresos, bienes y rentas, y otra de gestión de conflictos de intereses. En cumplimiento de ello, el 08 de marzo la CGR remitió a la Comisión Especial 51 informes de evaluación de las declaraciones juradas, las mismas que, si bien fueron consideradas en la evaluación final, no fueron publicadas por tener carácter reservado, conforme a lo dispuesto en la Directiva de “Asistencia técnica de la Contraloría General de la República, en el marco del concurso público de méritos para la selección de candidatas o candidatos aptos a magistrados del Tribunal Constitucional”.
En tal sentido, si bien otras etapas del procedimiento han merecido algunas críticas -como fue el caso de los puntajes otorgados en la evaluación curricular- la participación de la Contraloría permitió garantizar que los candidatos finalmente designados fueran aquellos que, en virtud de la información alcanzada, no mantenían conflictos respecto a sus intereses personales y profesionales, o sobre sus ingresos y rentas, que pudieran poner en duda sus actuaciones y decisiones en la resolución de los casos del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, ¿Qué les espera a los nuevos miembros del TC? En realidad, los desafíos que deberán enfrentar son muchos, comenzando con garantizar el cumplimiento estricto de la Constitución ante diversas decisiones y normas adoptadas tanto desde el gobierno como desde el propio Congreso que atentan contra su contenido. Uno de los principales será garantizar un adecuado equilibrio de poderes, en tanto constituye parte del núcleo duro de nuestro régimen democrático. Otro desafío igualmente relevante es la protección efectiva de los derechos fundamentales, debido a los ataques que vienen sufriendo no solo nuestros derechos económicos y sociales, sino incluso nuestros derechos civiles y políticos, como el de participación ciudadana, el de libertad de expresión o aún el más elemental como el derecho a la libertad personal.
Finalmente, un tercer desafío es sostener la estabilidad económica, pues si bien el actual modelo económico presenta algunos cuestionamientos, lo que es inaceptable es que este sea distorsionado mediante decisiones populistas que a la larga generan más pobreza, apostar por una economía social y de libre mercado es el referente en todo proceso de reforma sostenible que permitan darle mayor inclusión con responsabilidad, eficiencia y capacidad distributiva a los ciudadanos. Estos desafíos permiten ver entonces que la labor que le espera al nuevo Tribunal Constitucional será ardua, por lo que esperamos que sus nuevos integrantes estén a la altura de las circunstancias y permita que el Tribunal Constitucional peruano recobre el brillo de otros organismos similares a nivel internacional.
Luis Miguel Iglesias.
Abogado, secretario general de la Contraloría General de la República. Comprometido en construir un sistema de justicia democrática, eficiente que fortalezca la convivencia social.
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