El domingo 22 de mayo último, Rafael Belaunde Llosa publicó un magnífico artículo en Perú 21 titulado “A Dios rogando y con el mazo dando”, en el cual sintetizó de una manera clara y sencilla el aporte de la minería a la economía, así como a la sociedad peruana. He recomendado su lectura a mis alumnos de Derecho Minero dentro y fuera de la universidad, por cuanto considero que constituye una magnífica fuente de información respecto de la industria minera, que hoy día recibe el ataque simultáneo del gobierno de Castillo y de los anti mineros de todos los pelajes. Sin duda el partido Perú Libre, su líder Vladimir Cerrón y sus demás acólitos se han convertido en los gonfaloneros – por llamarlos de alguna manera – de esa absurda campaña para terminar con la actividad minera. No se dan cuenta que el Perú sin el aporte minero a la producción y exportación, salarios y tributos (cercanos al 50% de sus utilidades), compras de insumos y contratación de servicios, entraría en una espiral de recesión de la cual sería muy difícil salir. Pero esa verdad de Perogrullo no ha sido asumida por dicho partido.
Ahora bien, toda actividad económica tiene sus pros y sus contras, sus activos y pasivos. Conocemos algo de los primeros y desafortunadamente los segundos han sido magnificados hasta un nivel monstruoso de distorsión histórica con el único objeto de aniquilar la reputación de la minería para reemplazarla – tal vez – por una actividad muchísimo más dañina, como es el narcotráfico en su versión de la cocaína. Esa actividad tiene una base agrícola que es el sembrío ilimitado de árboles de coca, los cuales en opinión de muchos expertos agrícolas, contribuye de una manera muy significativa a empobrecer el suelo. Ello al margen de los demás efectos malignos en la salud humana que producen sus derivados, pasta básica y particularmente la cocaína, que es un producto químico inventado en el siglo XIX.
Sin embargo, siempre debemos pasar revista a los pasivos ambientales de la minería. ¿Cuáles son? Esencialmente históricos que además se han concentrado en el imaginario popular en algunas grandes empresas mineras extranjeras. Por ejemplo Cerro de Pasco Corporation que construyó el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Sin embargo se olvida que levantó la que fue en su momento la chimenea más alta del mundo, para disminuir los humos y emanaciones. Luego sus operaciones fueron continuadas por la empresa estatal Centromin Perú con pocas mejoras en ese sentido. Recién después de su privatización, Doe Run llevó a cabo diversas inversiones ambientales por un monto del orden de los US$ 300 millones que mejoró la situación significativamente. Pero Doe Run cerró sus operaciones el 2009 por razones financieras y no se han reanudado desde entonces. Entiendo que los pasivos ambientales en La Oroya se han terminado de remediar por la acción de la empresa estatal Activos Mineros SAC. Ello no obstante La Oroya dejó de ser un centro metalúrgico, siendo improbable que vuelva a serlo.
El otro caso histórico es la Southern Perú en Moquegua principalmente por los humos de la fundición de Ilo, de hace 60 años, pero que hoy prácticamente no existen. De la misma manera los relaves en la bahía de Locumba también han sido objeto de remediación ambiental a costo de la empresa. El pasado, sin embargo, genera una carga negativa y la Southern Perú, ahora controlada por el Grupo México, todavía no puede ejecutar el proyecto de Tía María que si cuenta con todas las garantías ambientales. ¿Estos son los únicos pasivos ambientales de la minería? No y todavía son muchos, con el agravante que las empresas que los originaron muchas veces ya no existen (muchas peruanas y algunas extranjeras), de manera que la remediación debe ser realizada por el Estado. Eso mismo ocurre con la minería ilegal en Madre de Dios que aún no se ha erradicado e igualmente con los mineros informales en proceso de formalización, cuyo avance no es informado al público. Entonces existe una tarea incompleta en ese sentido.
¿Qué conclusión sacamos de todo lo anterior? Una obvia y fundamental, es indispensable aumentar las inversiones mineras con los resguardos ambientales necesarios, para contribuir al desarrollo integral del Perú e igualmente, para que el Estado tenga los recursos necesarios para culminar los pasivos ambientales, cuyos autores y/o responsables no puedan ser identificados.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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