En estos últimos meses el tema de la vacancia por incapacidad moral se ha puesto sobre el tapete. Esta causal está prevista pero no definida en la Constitución. No obstante, los estudiosos que pretenden darle forma se agrupan, según veo, en dos: a) quienes apoyan la aplicación de la figura por la sola voluntad del Congreso; y, b) quienes prefieren delimitar y especificar los actos que puedan configurar la causal. Esta segunda llama la atención porque algunos intentan derivar la figura en incapacidad mental, justo cuando las circunstancias que vive el país, plagada de corrupción, demanda de gobernantes moralmente irreprochables.
Asumiendo que la moral es aprendida ―el hombre nace sin algún tipo de moralidad―, podría decirse que ésta es, desde que éramos manada, connatural a un grupo social unido por alguna afinidad que le ha permitido organizarse y sobrevivir. La moral vendría a ser, hoy, el conjunto de acciones humanas que el colectivo acepta como naturales, les permite organizarse e incluso les identifica. Dichas acciones se manifiestan a través de las costumbres, valores, tradiciones y demás convencionalismos que el individuo recibe a través de la familia, escuela, templo, medios de comunicación y sus relaciones con los demás. Estos vínculos, a su vez, configuran en el individuo una suerte de “filtros morales” que le permitirá discernir lo que es bueno o malo; es decir, desarrollar su conciencia. Cabe advertir que el tema es demasiado complejo porque, debido a las interrelaciones de sus miembros y otros efectos externos, el concepto de moral muta con el tiempo. La esclavitud era moralmente aceptada en el s. XIX, solo por citar un ejemplo.
El grupo más pequeño y significativo es la familia; el más grande para los peruanos es, naturalmente, la nación peruana. Sin embargo, grupos, también son los católicos o los evangélicos; o los hinchas de la U o de Alianza Lima. En cada uno de ellos yace una moral distinta. Vestir un polo de la U en un evento interno de Alianza será moralmente repudiable para el grupo de Alianza, destacable para los de la U y cuestionable o indiferente para el resto. Nótese que el individuo no ha cometido delito ―no ha transgredido un código legal―, pero afecta las conciencias de los individuos quienes reaccionan según los códigos morales del grupo al que pertenecen.
En ese orden de ideas, un individuo no debería arrogarse ser moralmente correcto puesto que la moral se juzga con relación al grupo. Por esta razón, es el grupo quien tiene la capacidad de calificar la moral del individuo, y no al revés. En cambio, en el delito, es un juez quien puede calificar al individuo que ha transgredido la ley.
Ahora bien, cuando definen, moral, por lo general se refieren a la de un individuo que no tiene algún poder sobre el grupo. Y éste es el meollo del asunto puesto que las actitudes moralmente reprochables de un individuo con poder sobre los demás los puede perjudicar, puesto que decide por y para ellos. Si un individuo con poder se rodea de delincuentes, tarde o temprano podría perjudicar a todos. Nótese de nuevo que el individuo con poder no ha cometido delito por el solo hecho de tener amistades peligrosas, pero la conciencia colectiva puede juzgar que las actitudes del individuo podrían perjudicarles. Una persona con poder es moralmente cuestionable por las previsibles consecuencias de sus decisiones; es decir, antes de que el delito ocurra, razón por la cual no cabe exigir una prueba.
Para protegerse de un presidente con actitudes moralmente riesgosas, la Constitución prevé la figura de la incapacidad moral. Protegerse, en el sentido de evitar que el daño se produzca. Si el presidente nombra ministros con temas pendientes con la justicia, tendría una actitud moralmente riesgosa puesto que dichos ministros podrían delinquir. Sin embargo, nuestros congresistas exigen la prueba, como si se tratara de un delito, y no son conscientes de que la comisión de delitos por parte de los ministros constituye la materialización de la actitud moralmente riesgosa del presidente.
Tal vez convenga renombrar la figura de incapacidad moral permanente por actitud moralmente riesgosa para el país o cualquier otro que ponga el acento en la previsión del daño.
Juan Reyes La Rosa.
Administrador de empresas y Contador Público, con estudios de maestría en Administración en la UNMSM y Diplomado internacional en Control de Gestión en la Universidad de Piura en convenio con la Universidad de Chile. En el terreno del ajedrez es XIII Campeón Nacional de ajedrez postal, y Candidato a Maestro por la Federación Internacional de Ajedrez. Ha publicado diversos artículos relacionados a la teoría del juego. En el campo de la investigación ha orientado sus esfuerzos al estudio de Leonardo da Vinci y su famosa pintura La última cena. Su reciente publicación, Reforma del Ajedrez y el Número de Oro, demuestra el origen matemático del ajedrez.
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