Los obispos de la Iglesia Católica del Perú agrupados en la Conferencia Episcopal, han emitido un comunicado que resume adecuadamente la situación política que atraviesa nuestra patria, obviamente dentro del lenguaje eclesiástico que caracteriza a pronunciamientos de esa naturaleza. No es un programa de acción ni de sugerencias específicas con el objeto de superar la crisis que afecta al país en los aspectos políticos, económicos, sociales, sin duda emanados del deplorable gobierno que ha conducido a nuestro país en los últimos 12 meses. No podría serlo tampoco, porque la Iglesia Católica debe mantenerse por encima de la lucha por el poder y de ningún modo puede ser identificada con alguna agrupación específica sea cual fuere su naturaleza. La Iglesia Católica mira el destino del Perú con una proyección intemporal para asegurar que la nación conserve la naturaleza y las condiciones esenciales que nos permitan vivir en paz y en democracia ahora y en el futuro.
Entre los diversos temas que analiza debo destacar el Punto 5 cuando se refiere a la lucha interna entre el Ejecutivo y el Legislativo, que desafortunadamente afecta y daña a la democracia al generar un clima de mayor enfrentamiento entre los peruanos. De igual manera al Punto 6 en cuanto señala que el Perú es uno de los cuatro países de América Latina que registra el mayor índice de percepción de la corrupción, todo lo cual se traduce en “una crisis moral y ética” que engloba a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como a otras instancias del Estado y de múltiples sectores de la sociedad civil (Punto 7).
Los obispos nos advierten que esta crisis generalizada puede afectar al Perú en múltiples aspectos tales como la alimentación por la falta de recursos en ciertas regiones del país; en la educación y en la calidad de los servicios prestados por el Estado, en el subempleo, en la creciente informalidad y hasta en el cobro de cupos y sobornos para el ejercicio de la libertad económica, lo cual afecta adicionalmente al funcionamiento de los gobiernos regionales (Punto 8).
Entonces frente a ese desolador panorama, ¿qué podemos hacer los peruanos para superar nuestra crisis y enfrentar los desafíos que fueren necesarios? En mi opinión debemos destacar el Punto de 15 del Comunicado que señala lo siguiente: “El consenso social pide dar un paso a una transición política que busque urgentemente una salida a la profunda crisis actual, priorizando la necesaria reforma política pendiente para recuperar la credibilidad, la confianza y la esperanza”(Punto 15).
Estupendas palabras, ¿pero cómo sacar un derrotero práctico que nos dé una solución a corto plazo para salir del actual entrampamiento? No cabe duda: a grandes males, grandes remedios. En estos momentos la causa principal de la crisis política que abruma al Perú es el lamentable gobierno del Presidente Pedro Castillo, cuya gestión se hunde cada vez más en las investigaciones de corrupción, que desde hace algunos meses debió conducir a la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente. No ocurrió porque no se llegó a los 87 votos. Hoy esos indicios de corrupción no solo afectan a ciertas personas que fueron ministros y además a sus colaboradores inmediatos en Palacio de Gobierno, sino también a personas del entorno familiar íntimo del Presidente de la República, algunas de las cuales todavía huyen de la justicia. La corrupción ha llegado al Primer Mandatario en ese aspecto, siendo imperativo corregir esa situación de manera inmediata. Todas las encuestas apuntan a una renovación de los poderes en el Perú y particularmente a la salida de Castillo.
Solo hay una fórmula para hacerlo, inspirándonos en el Punto 15 del Comunicado de la Conferencia Episcopal. El Congreso debe actuar en la misma forma cómo se resolvió el entrampamiento del año 2,000 como consecuencia del intento del Señor Fujimori de perpetuarse en el poder. Es necesario que el Congreso apruebe una reforma constitucional que acorte el mandato tanto del Jefe de Estado como del Legislativo, de manera que ambos se retiren en el menor plazo que permitan las circunstancias, para dar lugar a nuevas Elecciones Generales a fin de renovar ambos poderes. Esto se puede hacer si hay en los principales protagonistas de la crisis actual, el espíritu de enmienda para lograrlo, bajo la conducción de la persona que ejerza la presidencia del Congreso en el momento que se aprueben tales reformas constitucionales. He ahí el mandato profundo de la ciudadanía al poder.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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