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El Estado… el mayor (in)justiciero del país

La gente se queja por las inequidades sociales. En el fondo, se quejan de la injusticia. Yo también deploro la injusticia. En realidad, todos – excepto los corruptos y los egoístas – deploramos la injusticia en nuestro país. ¿Por qué unos tienen mucho, y otros no tienen nada?  

¿Por qué algunos estudian en buenos colegios y universidades, mientras que otros no tienen las mismas oportunidades? ¿Por qué unos viven en casas con agua, luz, gas domiciliario, internet; rodeados de parques y jardines, escuelas de alto nivel para sus hijos, hospitales de primera, y seguridad en el vecindario; mientras que otros – 1´600,000 familias… ¡8 millones de peruanos! – viven hacinados en chozas de esteras, cartones y plásticos, sin agua, luz… nada?

¿Por qué tanta gente pobre murió por falta de oxígeno, en plena pandemia? ¿Por qué tantos trabajadores peruanos no tienen empleo formal? ¿Por qué? ¿Por qué a unos les va bien, mientras que a otros les va pésimo? ¿Por qué tanta inequidad?

Claramente, la gente tiene derecho a protestar, indignarse, y formularse aquellas preguntas. ¡Cómo no quejarse ante tamaña injusticia! Sin embargo, la repregunta debería ser ¿quién? ¿Quién propicia tales inequidades?

Veamos. Las grandes carencias de la gente pobre en nuestro país son: (1) Agua y Vivienda, (2) Salud y Medio Ambiente, (3) Educación y Cultura, y (4) Seguridad y Justicia. Precisamente, los más importantes servicios que el Estado debería proveer a todos los peruanos.

Entonces, el Estado es la madre del cordero. El Estado es el responsable de tantas inequidades. No obstante, ahí están – como si nada – los alcaldes y regidores corruptos propiciando invasiones de tierras, para luego lucrar descaradamente con la venta de esteras, agua en cisternas, servicios de seguridad, etc. mientras la gente pobre vive abandonada, carente de los más elementales servicios públicos.

Mucha gente pobre no tiene agua potable en sus casas. Sin embargo, ahí están las empresas municipales de agua y saneamiento fallidas. Ahí están los gobernadores regionales corruptos – coimeros – con hospitales y obras de todo tipo inacabadas y / o sobrevaluadas. Ahí están los médicos del Estado que abandonan a sus pacientes en horarios de trabajo, para atender en clínicas privadas.

No nos engañemos a nosotros mismos. Los ciudadanos debemos asumir nuestras responsabilidades en este fracaso del Estado. ¿Por qué no admitimos de una vez por todas, con objetividad – y corregimos de raíz – el estrepitoso fracaso de la regionalización y municipalización de nuestro país?

¡Qué demagógico resulta atribuir al modelo económico, a la Constitución, o – más absurdo aún – a las empresas privadas, las clamorosas injusticias e inequidades antes señaladas! ¡Qué mentes tan resentidas y acomplejadas las de los políticos, periodistas y académicos que pregonan semejante insensatez!

Repito. Nuestro problema es el Estado… empezando por el Gobierno Central: presidentes, ministros y funcionarios sin valores. Pero también – y, sobre todo – los Gobiernos Regionales y Municipales, donde priman la corrupción, el clientelismo y la inoperancia.

El problema también son los demás poderes del Estado. El Congreso de la República, infiltrado por parlamentarios que defienden oscuros intereses. El Poder Judicial indolente y corrupto, al igual que sus pares del Poder Ejecutivo y del Congreso.

¡Claro que hay excepciones! ¡Cómo no reconocer – y agradecer – a aquellos funcionarios públicos que sirven a la ciudadanía con honestidad y eficiencia! Sin embargo – lamentablemente – están sojuzgados, dominados… precisamente por los funcionarios y políticos corruptos.

Tomemos al toro por las astas; el gran objetivo nacional debería ser combatir la corrupción y la inoperancia del Estado. Pero de verdad. No como aquellos que pregonan integridad, y resultan tan corruptos y coimeros como todos. Vizcarra y Castillo… por ejemplo. Para ello, debemos reducir drásticamente la elefantiásica burocracia administrativa del Estado, y reasignar dichos recursos a mejorar las remuneraciones y condiciones de trabajo de maestros, médicos, policías y jueces.

Claro que debemos modificar – y mejorar – algunos capítulos de la Constitución Política: bicameralidad, reelección congresal, representación parlamentaria, etc. Nadie – en su sano juicio – se opone a ello. Sin embargo, hay que mantener la esencia del capítulo económico… a diferencia de lo que proponen algunos políticos e ideólogos tramposos.

Más bien, lo que hay que cambiar es al mayor (in)justiciero del país… al Estado. ¡Eso sí!

Fernando Cillóniz. 
Culminó sus estudios de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Estudió un MBA en Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido director del Banco Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio. Fue ex regidor de Ica.

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