No es un secreto para nadie las constantes crisis políticas que hay en el Perú. Desde el 2016, se abrieron puertas peligrosas que, aunque legales, no han hecho más que profundizar esta crisis entre los poderes del Estado. La vacancia presidencial y la disolución del Congreso son figuras que hoy en día se usan sin mesura para intimidar y cuya aplicación ha sido aplaudida sin reparar en el daño irreversible a la institucionalidad de los organismos que componen nuestro sistema democrático.
Tras las elecciones del 2021, lejos de retornar a las sendas de la estabilidad, nuevamente nos encontramos ante un escenario de polarización. Y más allá de las amenazas entre el ejecutivo y el legislativo, a causa de las sospechas y acusaciones por corrupción entre ambos, se hace oír otra vez la demanda ciudadana que exige “que se vayan todos”. Esta no es más que la expresión del hartazgo de la ciudadanía frente a la clase política y la coyuntura a la que nos han conducido, pero es muy peligrosa por varias razones.
La primera es que, elegimos al presidente de la República y a los congresistas para que cumplan un mandato de gobierno de 5 años, así lo establece la Constitución Política del Perú; que la calle o las encuestas enuncien un deseo generalizado para convocar a unas nuevas elecciones es simple oclocracia[1], un vicio de la democracia que no debemos permitir. Si vamos a hacer elecciones cada vez que “el pueblo” lo pide, ¿para qué tenemos constitución y leyes? Pues, si bien la vacancia y la disolución están en la ley, son recursos que deberían aplicarse de manera extraordinaria, la excepción de la regla; y aunque hoy son usados como regla general, es una situación que vulnera la institucionalidad, generando inestabilidad e impredecibilidad.
En segundo lugar, en el hipotético caso de una crisis total que nos lleve a unas nuevas elecciones generales, obtendríamos un resultado similar al actual. Los electores seguirán siendo los mismos y emitirán un voto de protesta por el candidato con la propuesta más populista, radical y antisistema (como pasó con Pedro Castillo); los partidos políticos nos ofrecerán el mismo catálogo de candidatos y el proceso electoral se desarrollará bajo las mismas reglas electorales que el anterior. No podemos hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. Estamos corriendo en círculos.
Por ello, más que un deber, es una obligación de este congreso abordar las reformas políticas que prioricen las reformas electorales. La única manera de generar un escenario diferente en unas próximas elecciones es cambiando las reglas que las regulan. Y, aunque existen candidaturas amenazantes para la democracia en la actualidad – como la de Antauro Humala –, la motivación de los legisladores debe alejarse de las leyes con nombre y debe pensar en el largo plazo y en la institucionalidad.
Es decir, estas reformas deben realizarse para evitar en el futuro candidatos cuyas posturas se opongan a los valores y principios que garantizan el sistema democrático y no para bloquear la candidatura de una persona; para fortalecer a los partidos políticos y, con ello, mejorar la calidad de los candidatos que nos ofrecen; para revisar el financiamiento público de los partidos; para una reingeniería de la composición de los órganos electorales; entre tantos otros temas que deben abordarse de manera integral, que resulten en un único y ordenado cuerpo normativo, un código electoral, y no solo como parches en la ley.
Este es el gran reto, las reformas electorales; cuyo desarrollo se dificulta al tiempo que la polarización y la crisis política avanzan. El tiempo apremia.
[1] Algo más sobre la oclocracia aquí: La perversión de la democracia – Vox Populi Al Día (voxpopulialdia.com)
Isabel Manrique.
Abogada, cursando estudios de maestría en gestión pública. Asesora parlamentaria. Oficial de Reserva de las Fuerzas Armadas. Fundadora del Círculo Académico “Paideia” de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo. Colaboradora de la Revista Testimonio del Instituto de Estudios Social Cristianos. Egresada de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del JNE. Becaria del programa Emerging Leadears en Washington DC de la Embajada de E.E.U.U. en Perú; y del programa de Formación Política de la Fundación Konrad Adenauer.
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