Las empresas no le fallaron al Estado, el Estado le falló a las empresas

La situación actual de muchas pequeñas y microempresas es muy delicada… por decir lo menos. Muchas – incluso – han desaparecido del mapa. No existen más en el panorama económico, productivo, social y laboral del país. Producto de ello, la economía informal ha crecido aún más a nivel nacional. ¡Más de lo que estaba!

Efectivamente, millones de peruanos – jóvenes, principalmente – no tienen trabajo formal. Y menos, trabajo digno. La evasión tributaria se ha generalizado. El 18% de Impuesto General a las Ventas (IGV), el 30% de Impuesto a la Renta (IR), la obligatoriedad de emitir facturas con Registro Único de Contribuyentes (RUC), los impuestos prediales, los arbitrios municipales, etc. constituyen una larga lista de normas y procedimientos que parecieran estar escritos en papeles mojados. O sea, efectividad… cero. Los requisitos para operar formalmente como empresas – licencias de funcionamiento, registros sanitarios, certificados de defensa civil, etc. – se han vuelto una quimera. La economía peruana es cada vez más ambulante, más ilegal, más precaria, más sucia…

Los paganos de todo este desmadre somos todos… los empresarios – sobre todo, los pequeños y microempresarios – que, obligados por las circunstancias, han tenido que cerrar sus negocios. Los jóvenes que – como repito – no encuentran empleo formal y digno. Los ciudadanos en general, que vemos limitado nuestro acceso a productos y servicios de calidad y bajo costo. Así las cosas ¡qué difícil resulta invertir y crear nuevas empresas en el país! Grandes, medianas, pequeñas y microempresas… crearlas y operarlas formalmente – y eficientemente – se ha convertido en misión imposible.

La maraña de trámites y permisos burocráticos absurdos para formalizar cualquier emprendimiento, las rigideces y altos costos que impone la legislación laboral, el IGV de 18% (impagable para muchos), las elevadas tasas de interés para los microcréditos, y – en general – la falta de soporte estatal en educación y capacitación en gestión de pequeñas y microempresas, son – todos – impedimentos para la generación de empleos formales de todo tipo y especialidad.

Ahora bien, para corregir todo lo anterior se requiere de voluntad política, al más alto nivel. Es decir, del Número 1. En segundo lugar, la tarea de formalizar y apoyar a las pequeñas y microempresas requiere también de un cambio de actitud radical de parte de las autoridades ministeriales y municipales. Incluso, de las autoridades policiales y judiciales de todo el país. Y ¡esa es la gran duda!

¿Acaso los inspectores municipales, policiales y judiciales no viven malamente – y abusivamente – del chantaje sistemático y permanente a los pequeños y microempresarios? ¿Acaso los ministros y funcionarios y alcaldes y regidores están dispuestos a simplificar o eliminar papeleos y trámites burocráticos en sus respectivas jurisdicciones? O más relevante aún ¿acaso están dispuestos a digitalizar toda la tramitología empresarial y laboral en sus respectivas dependencias estatales?  

¿Cómo – y a quién – van a chantajear si se simplifican y digitalizan todos los trámites y permisos? ¿De dónde sacarán la marmaja si se eliminan las colas, y los papeleos, y las firmas, y los sellos, y – por ende – las coimas?

Por eso decía… para estos menesteres se requiere de voluntad política al más alto nivel. ¿Está el Presidente de la República dispuesto a comprarse el pleito de la verdadera lucha contra la corrupción en el Estado? Porque la corrupción en el Estado no sólo está en los peces gordos: presidentes, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y regidores, ministros y viceministros, y directores generales y regionales. La corrupción estatal está – también – ahí abajo… en lo que algunos denominamos “la costra del quinto nivel”. En los inspectores de campo, en el personal de atención en ventanillas, en los secretarios y asistentes, asesores de todo tipo, personal subalterno de la policía y del poder judicial, etc.

Entonces, repito la pregunta: ¿está el Presidente Castillo dispuesto a quitarle las gollerías a las autoridades ministeriales, regionales, municipales, policiales y judiciales? ¡Esa es la gran duda! Además – entre nos – si el Presidente es coimero ¿por qué no habrían de serlo – también – todos los demás funcionarios, de rango inferior? ¡He ahí el problema!

Tienen – pues – razón aquellos que están preocupados por la difícil situación que atraviesan muchas empresas peruanas. Sobre todo, las pequeñas y microempresas.

Por ello, me identifico tanto con el titular de este artículo: Las empresas no le fallaron al Estado. El Estado le falló a las empresas. Incluso agregaría… “y le sigue fallando”.

Fernando Cillóniz. 
Culminó sus estudios de Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería (Perú). Estudió un MBA en Escuela de negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania. Ha sido director del Banco Internacional y miembro del Consejo Consultivo del Diario El Comercio. Fue ex regidor de Ica.