Resulta sintomático que el gobierno solicite la derogación de la Ley 31355, ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza. Con la referida norma, el Ejecutivo solo puede presentar cuestión de confianza por temas relacionados con sus políticas de gobierno, quedando excluidas, taxativamente, las referidas a reformas constitucionales y las que afecten procedimientos y competencias exclusivas y excluyentes del Congreso de la República. La disolución del Congreso por doble negación de confianza a un gabinete, parece ser el sueño dorado de los últimos gobiernos para imponer proyectos políticos. Daría la impresión de que, en ese aspecto, existiera una debilidad de nuestra Carta Magna.
El 30 de setiembre de 2019, el presidente Vizcarra forzó una “negación fáctica” de la cuestión de confianza para librarse de un Congreso que investigaba emblemáticos casos de corrupción. Dos años después, en 2021, los dirigentes del partido de gobierno aseguraban, con gran afán, que «si no les gusta ningún gabinete, se cerrará el Congreso». Esta expresión, que parece reflejar las naturales tensiones entre los poderes del Estado, resultaría ser el velado anhelo para un propósito de mayor calado: nueva Constitución.
De esta forma, quienes ven en el Congreso y la actual Constitución un obstáculo para sus proyectos políticos, utilizan la figura de la cuestión de confianza ―prácticamente un pésame anticipado― para arrinconar al Congreso al presentarles proyectos populistas y gabinetes indecentes en busca, precisamente, de la doble negación de confianza. Sin Congreso, el camino hacia un nuevo orden social y económico quedaría allanado.
El Congreso cree que la cuestión de confianza es una herramienta de control político sobre el Ejecutivo; es una simple ilusión: los efectos perjudican más al controlador y que al controlado, pues el controlador terminará disuelto.
Algunos especialistas opinan que la disolución se estableció como una salida al entrampamiento interminable que podría generarse como consecuencia de que los poderes se atrincheren en sus posiciones, respecto de las políticas de gobierno. Aun así, resulta extraño pues el presidente, quien está facultado para disolver, es electo en votación de segunda vuelta que, en mi opinión, es dirimente y no programática; el Perú que todos quieren quedó reflejado en la conformación del Congreso, crisol de la voluntad popular en ese aspecto. Por eso, resulta controversial su disolución por parte del presidente, quien recoge las aspiraciones de no más del 20% de los peruanos ―el resto es voto dirimente―, ya que las aspiraciones de una mayoría liberal, reflejadas en el Congreso, podrían quedar subordinadas a las de una minoría estatista, alojadas en Palacio ―o al revés, según las circunstancias― lesionando la voluntad popular.
Ya lo advertía el Dr. Felipe Osterling, en 1993, al afirmar que la disolución de un Congreso unicameral «genera un profundo desequilibrio en los poderes». A juzgar por los hechos, el Congreso, huyendo del cadalso que implicaría la segunda negación de confianza, se ha visto impelido a aceptar gabinetes y ministros que no están a la altura de las difíciles circunstancias. Y en el anterior gobierno, no pudo contener las “reformas políticas” impulsadas vivamente por el Ejecutivo cuya función no era precisamente el campo político. En corto, la disolución del Congreso provoca lo que el principio de equilibrio de poderes trata de evitar: abuso de poder.
Es inevitable que los poderes del Estado colisionen en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, la válvula de escape prevista por la Constitución debería considerar, en primer lugar, dónde reside el voto programático ―el Perú que todos quieren―. Es verdad que este es un asunto aún no resuelto; pero ignorarlo conlleva al conflicto de suponer que resida en ambos. Ésta podría ser la madre del cordero pues no se puede entender cómo el presidente, cuyo partido representa no más del 20% de las aspiraciones de los peruanos, disuelva a un poder del Estado que representa el 100%. En segundo lugar, debe cumplir, me parece, dos requisitos fundamentales: evitar el abuso de poder; y, no lesionar la voluntad popular depositada en el Congreso.
Finalmente creo que existen mejores y más simples herramientas para ejercer control sobre las políticas de gobierno; la cuestión de confianza es una fuente de conflictos que, más temprano que tarde, creará otro gran problema al Perú.
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Juan Reyes La Rosa.
Administrador de empresas y Contador Público, con estudios de maestría en Administración en la UNMSM y Diplomado internacional en Control de Gestión en la Universidad de Piura en convenio con la Universidad de Chile. En el terreno del ajedrez es XIII Campeón Nacional de ajedrez postal, y Candidato a Maestro por la Federación Internacional de Ajedrez. Ha publicado diversos artículos relacionados a la teoría del juego. En el campo de la investigación ha orientado sus esfuerzos al estudio de Leonardo da Vinci y su famosa pintura La última cena. Su reciente publicación, Reforma del Ajedrez y el Número de Oro, demuestra el origen matemático del ajedrez.
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