Perspectivas: Entre el deshonor y la renuncia

Cuando en 1938 se firmaron los Acuerdos de Múnich, y el negociador inglés y primer ministro Neville Chamberlain regresó a Inglaterra, Winston Churchill, mostrando su descontento, le dijo “entre el deshonor y la guerra, usted ha escogido el deshonor y tendrá guerra”. Y vaya que tuvo guerra, nada menos que la terrible segunda guerra mundial.

Desde luego, es un hecho controversial porque algunos analistas dicen que la aparente cesión de Chamberlain logró más bien ganar tiempo para que Europa se rearme mejor ante la amenaza nazi.

Volviendo a los tiempos que vivimos y al gobernante que tenemos en nuestro país, bien podría hacerse un símil, salvando ciertamente las distancias siderales existentes y afirmar “Castillo, entre el deshonor y la renuncia por incapacidad, ha escogido el deshonor de pasar penosamente a la historia y tarde o temprano tendrá que renunciar;  en verdad, resulta lamentable que ni siquiera tenga la dignidad y el decoro de reconocer que no está capacitado para gobernar al Perú y que por esta insolvencia nos está causando un daño económico que terminará afectando a los más pobres y necesitados.

No existen antecedentes similares a esta incapacidad acompañada de una corrupción tan rapaz en nuestros más de 200 años de vida republicana en que un presidente afronte seis denuncias fiscales por actos de corrupción, denuncias sustentadas en más de 190 elementos de convicción varios de los cuales son corroborados por colaboradores eficaces es decir por ciudadanos que han delinquido en este gobierno y se han arrepentido por el temor de enfrentar varios años de cárcel a futuro.

Las principales denuncias que enfrenta Castillo Terrones son 3, además de otra por obstrucción a la justicia; la primera es por presuntos delitos cometidos en PetroPerú (carpeta fiscal 64-2022), por denuncias en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) Provías (carpeta fiscal 64-2022) y presuntos delitos en el Ministerio de Vivienda (carpeta fiscal 70-2022).

Por la presunta comisión de estos ilícitos penales, se atribuye a Castillo Terrones los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y complicidad de colusión.

La Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, ha denunciado a Castillo Terrones ante el Congreso de la República uniendo las 3 carpetas fiscales en una sola a efectos de lograr una mejor comprensión de los hechos motivo de investigación.

En las 3 carpetas fiscales se presenta a Castillo Terrones como presunta cabeza de una organización criminal que utilizaría a ministros como órganos operativos junto a ejecutores que serían funcionarios que participan presuntamente en amañados procesos de licitación.

Para la Fiscal de la Nación la finalidad que tendría esta presunta organización delictiva era copar instituciones como los Ministerios de Transportes y de Vivienda (con altos presupuestos) con la finalidad de controlar y dirigir las diversas contrataciones públicas favoreciendo a empresarios conocidos o cercanos y que financiaron presumiblemente su campaña electoral (diario El Comercio).

La denuncia constitucional presentada ante el Congreso tiene 376 páginas y contiene más de 190 elementos de convicción que sustentan la presunta comisión de los delitos por los que se acusa a Castillo Terrones.

¿En qué se basan los elementos de convicción que sustentan las denuncias?, se basan en los registros de visita al despacho presidencial, declaraciones de testigos y colaboradores eficaces, resoluciones supremas y ministeriales, informes, actas de contraloría, memorándums, contratos, mensajes de WhatsApp.

De estos hechos surge, presuntamente, que Castillo Terrones recibió S/ 30,000 soles del empresario llamado Fermín Silva para que Hugo Chávez Arévalo, sin preparación ni capacidad alguna sea nombrado gerente general de Petroperú (diario El Comercio). Como se sabe, Chávez Arévalo compró biodiesel a la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. perteneciente al empresario Samir Abudayeh Giha por US $ 74 millones de dólares.

El caso MTC Provias tuvo como protagonista al chotano Juan Silva un impresentable hoy prófugo de la justicia, coludido con el empresario, hoy colaborador Zamir Villaverde quien se encargó de contratar a las empresas y recomendó funcionarios para que se ocupen de las licitaciones.

La fiscalía, en este caso, cuenta también con las declaraciones de Karelim López, hoy colaboradora.

En el Ministerio de Vivienda, Castillo Terrones por recomendación de Abel Cabrera, hoy con 30 meses de prisión preventiva por ser presunto integrante del gabinete en la sombra de Castillo Terrones, nombró a Geiner Alvarado como ministro del ramo a efectos de copar con funcionarios afines el manejo de las licitaciones de obras para lo cual contaron con el Decreto de Urgencia 102-2021.

Todos estos presuntos ilícitos penales se han conocido gracias a colaboradores eficaces, testigos protegidos y sobre todo con la confesión del empresario Hugo Espino quien ha reconocido los actos de corrupción que señala con mucha precisión la denuncia fiscal.

Pareciera ser que estos actos por ser novelescos pertenecen a una película de gánsteres, pero no es así, pues pertenecen a la más cruda y condenable realidad de una banda delincuencial que ha tomado el Estado para saquearlo con funcionarios que tienen muchas denuncias y hasta prontuarios como bien nos ha hecho conocer la prensa en investigaciones muy serias y corroboradas y hasta documentadas como es de conocimiento público.

Las palabras de nuestro Nobel de literatura, muy duras, reflejan una realidad que hoy sufrimos los peruanos por una desafortunada elección nada menos que para la primera magistratura del país.

Vargas Llosa señaló que Castillo Terrones no sabe dónde está parado y lo considera un pobre señor que no tiene idea de los problemas elementales del Perú.

Es lamentable para los peruanos comprender la penosa realidad que estamos viviendo así como asumir que nuestros profesores rurales, con excepciones desde luego, carecen de la idoneidad y preparación para la formación de nuestros niños y jóvenes que cursan estudios en los lugares más apartados de la República.

Si muchos de estos profesores, quizá por sentirse marginados, profesan la ideología de Castillo Terrones debemos tener la certeza que estos educandos están siendo ideologizados y formados en un resentimiento que los puede llevar a odios exacerbados hacia nuestra sociedad por sentirse abandonados y olvidados.

El proceso de descentralización para una mejor distribución de los recursos evitando el centralismo no ha tenido el éxito esperado y quizá sea necesario un proceso de reestructuración con miras a lograr mejores autoridades subnacionales y locales.

El Perú es un país complejo y como tal requiere el concurso de sus mejores hijos, no bastan las buenas intenciones ni el tinte político de quienes asumen cargos electivos; lo que se requiere es preparación y vocación de servicio para el ejercicio de las más delicadas e importantes funciones en el gobierno de un país.

El socialismo que propugna Castillo Terrones no privilegia la inversión privada con todo lo que esta significa como motor para el crecimiento y desarrollo de nuestro país a lo que hay que sumar una incompetencia que, con seguridad, dañará seriamente nuestra economía.

Para tener las ideas más claras, revisemos la publicación de Anthony Laub en el diario Perú 21 el 28 de octubre de este año en su columna Opina 21; en esta consigna a modo de comparación lo que es la inversión privada y sus resultados para el país y lo que significa la inversión pública; Laub señala que Camisea (inversión privada), terminó su inversión en el tiempo previsto en todos sus componentes y con inversión CERO del Estado rindió al Perú ingresos por impuestos y regalías alrededor de US   $17,000 millones, contrario sensu, PetroPerú y refinería tienen un costo aproximado de US $ 5,800 millones, un tiempo de ejecución de 8 años y aún no funciona, ingresos al erario CERO, un financiamiento público directo ( es decir, de nuestros bolsillos) de US $ 2,250 millones, una garantía estatal de US $ 1,000 millones, a lo que hay que sumar US $ 3,500 millones en bonos de garantía cuasi soberana; y que, en total, compromete recursos peruanos de US $ 8,050 millones.

Es decir, repetimos, retorno al Estado, hasta hoy, CERO.

 Un futuro seriamente preocupante en virtud de la inepta gestión de Castillo Terrones, situación que amerita el fin de este gobierno a través de una salida constitucional. La ciudadanía espera del Congreso de la República una actitud que anteponga los intereses del país y deje de lado intereses personales y de grupo.

Hoy, más que nunca, es necesario recordar una estupenda frase de Abraham Lincoln, Presidente de los Estados Unidos de América:

“Se puede engañar a parte del pueblo parte del tiempo, pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo”.

Tomás Teobaldo Marky Montero. Estudió en la Escuela Militar de Chorrillos, egresando el 01 de enero de 1965. Pertenece al arma de infantería y es General de división en situación de retiro. Es graduado de la Escuela Superior de Guerra del Ejército y del Centro de Altos Estudios Militares. Fue Jefe Político Militar de Ayacucho, Comandante General de la Tercera y Cuarta Regiones Militares; Inspector General del Ejército y, jefe del Estado Mayor General del Ejército.