Al momento de escribir esta columna, a escasos 4 días del fallido golpe de Estado que intentó perpetrar el vacado presidente Pedro Castillo Terrones, me pregunto en qué medida Dina Boluarte estará en condiciones de encausar al Perú por el camino de la Constitución y de la estabilidad política. En primer lugar, al igual que muchos ciudadanos, pienso que el primer deber de la Presidenta Dina Boluarte con su gabinete todavía parcialmente designado, es defender al Estado peruano de los peligros que lo acechan tanto externa como internamente.
El peligro externo proviene de México, Cuba, Venezuela y Nicaragua cuyos gobiernos por diversos medios, abiertos y encubiertos, tratarán por todos los medios a su alcance de provocar la caída de Dina Boluarte. Eso lo estamos viendo en las múltiples maniobras, cierre de caminos y supuestas marchas de sacrificio que en estos momentos se vienen realizando en el Perú, particularmente en Ica y Arequipa, con el objeto de restaurar al ex presidente golpista. De eso no cabe duda alguna, lo que se debe investigar es el apoyo externo que esas marchas reciben para lograr su objetivo.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador en una de sus diarias conferencias de prensa le ha ofrecido asilo político a Pedro Castillo Terrones. Nadie discute que la institución del asilo forma parte del Derecho Internacional Latinoamericano, la Constitución de 1993 así como la de 1979, lo reconocen expresamente, pero para que se configure esa situación, primero tiene que producirse tal asilo dentro del recinto de una embajada, consulado e incluso dentro de una nave de guerra del Estado asilante. Eso no ha ocurrido y por consiguiente, las instrucciones otorgadas por el gobierno mexicano para que su embajador en Lima visite a Pedro Castillo Terrones, constituyen una intromisión indebida en los asuntos internos del Perú, correctamente rechazada por Torre Tagle. En estos momentos el expresidente Castillo ha sido objeto de una detención preliminar como paso previo a las investigaciones que se le deben realizar, para luego ser objeto de antejuicio político en el Congreso y eventualmente acusado ante la Corte Suprema por su fallido intento de golpe de Estado.
Los partidarios de Castillo, recuperados de su desconcierto inicial por la enérgica reacción del Congreso y de todas las instituciones constitucionales representativas del orden jurídico en el Perú, están ensayando los más absurdos argumentos en defensa del vacado presidente. Sin duda el más original fue el formulado por el congresista Guido “Puka” Bellido. El vacado presidente Castillo, según él, no sabía lo que leía en su mensaje porque previamente fue “pepeado” o drogado por alguna tercera persona sin indicar quien fue. De lo que se desprende que cuando Castillo leyó su mensaje golpista a la Nación, era un inimputable penalmente. Al congresista Bellido no se la ha ocurrido pensar, que si el ex presidente Castillo leía su mensaje golpista sin darse cuenta de lo que estaba haciendo, bien vacado está por incapacidad moral permanente al pretender darse ánimo con drogas, alcohol o sustancias estupefacientes. Por elemental dignidad Castillo tendría que decir a sus partidarios que no lo defiendan con semejante argumento. Sin embargo, tal como ha trascendido, él ha optado por el silencio.
En estos momentos el gobierno de Dina Boluarte con el gabinete presidido por el ex decano del CAL, Pedro Angulo Arana, tienen el deber de preservar el Estado Constitucional de Derecho que han jurado cumplir. Si lo hacen habrán actuado en defensa del Perú, pero si traicionan su deber político, que la patria se los demande, debiendo ser reemplazados por el Presidente del Congreso para la convocatoria a elecciones generales. ¿Cómo? Ya lo veremos en los próximos días.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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