Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Tengo 62 años y realmente cansa, aburre y, sobre todo, indigna, que cada año, durante el verano tengamos que soplarnos las noticias de lluvias, huaicos, avalanchas, inundaciones, carreteras interrumpidas, puentes destruidos, cortes de luz y agua, familias que lo pierden todo, etc., unos años con mayor intensidad que otros. Del mismo modo, cada invierno, está el tema del friaje en las partes altas de nuestra sierra y las eternas campañas para la recolección y donación de ropa de abrigo y frazadas, amén del tema del riesgo de un gran terremoto, que en cualquier momento habrá.
Sería injusto acusar a los nuevos gobernadores y alcaldes de negligencia, irresponsabilidad o el delito que competa, pues no soy abogado, ya que no tienen ni 90 días en sus cargos y gracias al Lagarto Vizcarra se prohibió la reelección de autoridades. Con pena, he visto, por ejemplo, como los vecinos del distrito de Punta Hermosa han hecho leña a su alcalde, como si el tuviera alguna responsabilidad.
Pero ¿y qué pasa con todos esos irresponsables delincuentes que estuvieron como gobernadores regionales o alcaldías, provinciales y distritales entre los años 2019-2022 o 2015-2018 y antes por supuesto —con honrosas excepciones— y que no hicieron absolutamente nada en labores de prevención? ¿Cuáles son los roles de la Contraloría General de la República y del Ministerio Público? ¿Es que toda esta gente pasa por agua tibia con los bolsillos llenos de plata? ¡Por qué tanta impunidad por Dios! ¿En qué momento perdimos nuestra capacidad de indignación?
No solo no hicieron nada en labores de prevención, sino que por años se hicieron de la vista gorda con las invasiones y el tráfico de terrenos, seguramente lucrando y permitiendo construcciones precarias en zonas de riesgo, como son la ribera de los ríos, el borde de las quebradas por donde pasan los huaicos o en cerros de arena en distritos populosos como San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo o Villa el Salvador.
Si a esto le sumamos el escándalo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), creada en el año 2017 por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, a raíz de los desastres ocasionados por El Niño Costero de ese año y que, seis años después, ha malversado 25.000 millones de soles en la supuesta “reconstrucción con cambios” y de los cuales 4.000 millones se fueron en sueldos y gastos, entonces, la cosa está complicada. Lo ocurrido en las últimas semanas es la prueba más fehaciente de la gran estafa que ha sido la ARCC. El lagarto Martín Vizcarra, con mucha experiencia en clubes de la construcción, tiene mucho que responder acerca de este monumental desfalco a todos los peruanos, antes de terminar en prisión.
Pero pasarán las lluvias, reformarán la ARCC, le cambiarán de nombre e igualmente, no pasará nada. Los gobernadores y alcaldes seguirán llenándose los bolsillos de dinero —con honrosas excepciones como Rafael López Aliaga en Lima, Diego Uceda en La Molina, Carlos Canales en Miraflores, Hugo Monteverde en Santa María del Mar o Carlos Bruce en Santiago de Surco, entre otros pocos— y el próximo verano volveremos a ver las mismas noticias.
Ahora, a esperar el invierno y las heladas de todos los años en las partes altas de nuestra serranía. Veremos a las damas limeñas, muy bien organizadas, por cierto, haciendo sus colectas de ropa de abrigo y frazadas, mientras los niños se mueren de frío, al igual que el ganado y se pierden las cosechas por las granizadas.
Y nuevamente pregunto: ¿Y los gobernadores y alcaldes de nuestra sierra? ¿Qué han hecho para mejorar las condiciones de vida de toda esta gente? ¿Tal vez construir estadios de fútbol para 40.000 personas que no tienen sus jurisdicciones, o piscinas olímpicas donde nadie nada o monumentos en honor a su propio ego? ¿Qué diablos han hecho con las montañas de dinero que reciben por el canon minero? Y reitero, ¿y la Contraloría General de la República? ¿Y el Ministerio Público?
La respuesta es clarísima y es ¡robar! y ante cualquier desastre natural, hacerse las víctimas y exigir la ayuda del Gobierno Central, que por supuesto, ya les ha asignado inmensos presupuestos.
Por eso, todos debemos respaldar el proyecto de ley que ha presentado el congresista Alejandro Cavero de Avanza País, para poder interpelar y acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales.
Y mientras que nada de esto se resolverá —no es pesimismo, es realismo— y año tras año seguiremos en lo mismo, viendo como roban el dinero de nuestros impuestos, sentémonos a esperar el gran terremoto, que más pronto que tarde, nos tocará soportar.
Sin duda, volveremos a escribir sobre lo mismo dentro de un año.
Juan Carlos Suttor. Administrador de Empresas de la Universidad de Lima. Luego de más de 25 años en el mundo de las ventas, liderando diferentes equipos comerciales, hoy comparte toda su
experiencia ayudando a empresas y a sus equipos comerciales a entender ese
fascinante mundo, siempre con el foco en la satisfacción del cliente. Actualmente es
Director Comercial de Sagros.
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