Han pasado más de 4 meses desde la vacancia de Pedro Castillo y de la asunción al mando de la señora Dina Boluarte. Los gobiernos tienen prioridades y en el caso de nuestra actual mandataria, la primera consistió en afirmar su autoridad dentro del Perú ante el desafío de la izquierda subversiva en Puno y otras regiones del sur del país. En ese aspecto su gobierno se ha consolidado, las manifestaciones realizadas en Lima para derrocarla fracasaron y los disturbio que aún hay en Puno se van apagando poco a poco con la presencia de la PNP y del ejército. Ha tenido un costo humano importante, alrededor de 60 víctimas mortales como consecuencia de los diversos enfrentamientos. Pero cabe la siguiente pregunta, ¿ante el intento de los manifestantes de tomar las ciudades y en particular los aeropuertos, las fuerzas del orden podían permanecer pasivas? Es evidente que no, era indispensable rechazar por la fuerza ese intento violento de tomar el poder. En el proceso cerca de 10 policías y soldados fueron asesinados por los subversivos, por lo tanto, ha habido muertes en ambos lados.
La segunda prioridad fue enfrentar el desafío de los gobiernos de México, Colombia, Bolivia y Argentina, a los que debemos agregar Venezuela, Nicaragua, Honduras y Chile (en un primer momento), que se negaron a reconocer la legitimidad constitucional de Dina Boluarte alentando las manifestaciones internas subversivas destinadas a derrocar violentamente su autoridad. Ese peligro no ha desparecido pero si disminuido por la suma de diversos factores en el ámbito latinoamericano. México tiene gravísimos problemas de violencia interna que la oposición democrática en ese país atribuye al desgobierno de AMLO. La situación económica de Venezuela bajo Maduro quizás se haya estabilizado, pero todavía sigue siendo un tremendo factor negativo para su país. En Colombia las fuerzas políticas tradicionales están directamente enfrentadas al régimen de Petro. Bolivia sufre una crisis cambiaria por la desaparición de los dólares en su mercado interno, lo cual ha originado que compren soles como moneda de refugio. Chile acaba de restablecer a plenitud sus relaciones con el Perú, como respuesta al insensato lanzamiento de la nación aymara que Evo Morales, principal enemigo público de nuestra patria, promueve para desafiar la integridad territorial del Perú y de Chile.
Entonces ¿cuál es la primera prioridad? Sin duda las lluvias en el norte que están golpeando muy duramente a las regiones de Tumbes, Piura, Cajamarca, Lambayeque, La Libertad y Ancash, con mayor o menor grado de daños a la infraestructura y a la salud humana. Ahí está el desafío que debe ser encarado frontalmente y sin vacilaciones. Es un reto que requiere medidas de diverso alcance. En primer lugar asegurar las transferencias presupuestarias a favor de los gobiernos regionales y locales. Sin embargo el dinero no es suficiente, hay que hacer más. Se requiere un esfuerzo coordinado de todos los entes del Estado para traer ayuda material. Mencionemos a las motobombas para desaguar las ciudades, comprándolas en las tiendas locales de ser necesario. Si no hay suficientes dentro del país, se debe recurrir a la empresa privada para que las donen o presten. Además de lo anterior se deben llevar los medicamentos necesarios para controlar los brotes de cualquier enfermedad contagiosa que surja de las lluvias y del fuerte calor que sufren esas regiones. En este caso estamos hablando de un espacio territorial bastante grande.
Sin perjuicio de lo anterior se debe distribuir alimentos a todas las poblaciones que estén pasando hambre, esto es elemental pero resulta mucho más difícil hacerlo que decirlo. Algunos gobiernos regionales y locales, en particular Tumbes y Piura, anuncian que entrarán en un paro indefinido para llamar la atención. Esta actitud lejos de ayudar agrava y complica más la situación a un extremo suicida. Tales gobiernos deben recapacitar y tomar conciencia que su primer deber es atender al público damnificado más que pelearse con el gobierno de Lima.
La señora Boluarte, al margen de que renuncie o se quede como presidenta hasta el fin de su mandato, debe actuar a la altura del desafío que la vida le ha puesto, lo cual por cierto, incluye a su Presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola Peñaranda, así como a todos los demás integrantes de su gabinete. Casi podríamos decir que la hora actual podría ser calificada con el dramático título de alguna película del pasado, vencer o morir.
Martín Belaunde Moreyra. Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
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