Concretada la extradición del expresidente Alejandro Toledo, al llegar al Perú será recluido en un penal y procesado por los casos Odebrecht y Ecoteva. El de Odebrecht es por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos y por Ecoteva por lavado de activos. La Fiscalía también lo ha investigado por los delitos de cohecho pasivo impropio, la colusión agravada o el enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. Las penas privativas de libertad que se podrían imponerle es por lavado de activos de 10 a 20 años y por tráfico de influencias con un mínimo de cuatro y un máximo de ocho años de prisión. Se indica que Jorge Barata afirmó que Odebrecht pagó US$ 31 millones en coimas a Toledo por otorgarle la licitación del proyecto de la Carretera Interoceánica. La Fiscalía también investigó la compra de dos propiedades en Lima a nombre de su suegra y el pago de hipotecas de dos bienes propiedad del exmandatario que se cancelaron con el dinero de Ecoteva Consulting Group, una empresa formada en Costa Rica y registrada en un paraíso fiscal, y de la cual la suegra del exmandatario era presidenta. Los pagos le atribuyen fueron hechos con dinero que la empresa Odebretch se entregó a Josef Maiman para Toledo.
Con Toledo ya son tres expresidentes electos recluidos en un penal:
Alberto Fujimori está condenado a 25 años de prisión como autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado en las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta y los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia.
Pedro Castillo está detenido por haber incurrido en fragancia en un intento de golpe de estado. Se le atribuye ser cabecilla de una red responsable de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias, colusión, rebelión, conspiración y abuso de autoridad.
A Ollanta Humala Tasso – y a su esposa – el Poder Judicial les dicto 18 meses de prisión preventiva. Se les acusa de los delitos de lavado de activos, por los aportes que recibió para las campañas presidenciales de 2006 y 2011. Se le imputa lavado de activos en detrimento del Estado, asociación ilícita para delinquir. La constructora Odebrecht les entregó US$ 3 millones para la campaña electoral del 2011. Según Barata, al menos US$ 2 millones fueron dados a Nadine Heredia en tandas de US$300.000 y US$400.000
El caso de Pedro Pablo Kuczynski, tuvo 36 meses de prisión preventiva por sus presuntos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht.
Otro caso, Martín Vizcarra Cornejo acusado de corrupción mediante el consorcio CONIRSA, grupo integrado por la constructora Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales, y conformado para realizar las obras de la carretera Interoceánica Sur y otros casos cuando fue gobernador de la región Moquegua entre 2011 y 2014. Podrían imponerle hasta 8 años de cárcel donde cumpliría 70 años de edad.
El sexto procesado hubiera sido Alan García Pérez. Se le atribuyó desbalance patrimonial y/o enriquecimiento ilícito, lavado de activos, variación patrimonial asociación ilícita para delinquir. Cuando en su domicilio fue intervenido por la Fiscalía, el 17/04/2019 se suicidó. Tenía 70 años.
Los citados expresidentes de la República aún con vida – que tienen la tercera edad –, si los administradores de justicia – del Ministerio Público o Poder Judicial – a cargo de investigarlos y/o procesarlos penalmente les imponen las penas privativas de libertad establecidas en el Código Penal, pasaran casi hasta el final de sus vidas en un penal, salvo que los políticos “por venir” (del Ejecutivo o Legislativo) “ejercitando su derecho” constitucional, les concedan un indulto o la amnistía (Constitución 1993, artículo 118º, inciso 21 y artículo 102° inciso 6), respectivamente. Pero si no es así, estando en prisión, podrían partir al Oriente Eterno, Pero aún tendrán la posibilidad de arrepentirse, confesarse y/o pedir perdón; si el Señor los perdona aún podrían ir al cielo, previo paso por el purgatorio. Pero sus imágenes quedarán nítida y negativamente en la historia patria.
Los ciudadanos tenemos mucho que aprender y saber elegir a honestos. ¡No dejarnos embrollar!
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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