Revolución digital y transición energética se dan la mano, amenazando con transformar nuestras sociedades, basadas hasta ahora en el papel y en los combustibles fósiles. Experimentamos desde hace años el impacto de internet, y pronto sucederá lo propio con la forma de obtener y emplear la energía.
El mayor problema de estas reformas radica en su gestión, si no se aborda con la debida mesura. En el asunto electrónico, las tendencias sobre su uso exclusivo en determinados ámbitos -como el administrativo o judicial, el mercantil o de los servicios-, originan inconvenientes no menores, como las dificultades de su manejo por amplios sectores de la población -en especial, personas de avanzada edad-; así como de la propia inconsistencia técnica o inseguridad de las mismas aplicaciones informáticas, aún no preparadas del todo para la masiva realidad virtual que se impone. Pero también ha de añadirse la desaparición progresiva del comercio minorista por la irrupción de auténticos monopolios en la red, con paralela bajada de persianas en la calle y subida en portales web, sin tener que pagar el alquiler del local y con una fiscalidad llamémosla difusa.
El coste socioeconómico de este escenario puede ser alto, si no introducimos en él algunas correcciones. Una de ellas es la voluntariedad y gradualidad de su práctica, singularmente en aquellos supuestos en los que se obliga ya a los ciudadanos a depender de estas nuevas herramientas. Pero tal vez el principal reto pasa por someter a mayor regulación a esos modernos colosos mercantiles que no conocen fronteras y desafían a diario la competencia, llevándose por delante cientos de puestos de trabajo de la pequeña y mediana empresa y porcentajes nada desdeñables del PIB. En la última década, la lista de las corporaciones más capitalizadas del planeta la lideran precisamente las tecnológicas, desplegando las cinco primeras un formidable dominio monopolístico en la nueva economía. Una de ellas, dedicada al negocio electrónico, se calcula que controla hasta el ochenta por ciento del mercado del libro, lo que convierte a las librerías de barrio en verdaderos milagros de subsistencia.
Algo parecido puede predicarse del cambio de modelo energético. Aceptando que los efectos nocivos en el clima sean consecuencia de las emisiones de gases y nunca de alteraciones cíclicas inevitables, y de que científicamente esté constatado tal calentamiento -lo que continúan poniendo en duda Estados Unidos y Rusia, por cierto-, ha de reconocerse la imprudencia que supone renunciar a las fórmulas tradicionales de generación de la energía, sin contar antes con alternativas sensatas que contribuyan a asegurar un suministro satisfactorio por los nuevos métodos.
Tanto la automoción como el cierre de los parques termoeléctricos comparten esta preocupante situación. Sin disponer aún de tecnologías que permitan desvincularnos completamente del hidrocarburo, ni de infraestructuras de abastecimiento extendidas por el territorio para los vehículos eléctricos, abrazamos sistemas de locomoción en incipiente proceso de maduración, comprometiendo a la industria existente, que queda en el alero por radicales giros en la ordenación del sector. Con las centrales térmicas ocurre algo similar, abocadas al inminente cierre mientras no se nos explica cómo y cuándo se obtendrán los megavatios que dejarán de producirse.
Este contexto de precipitación pone en entredicho el principio de confianza legítima, acuñado por los jueces alemanes el siglo pasado y acogido por la justicia europea como regla básica del derecho comunitario. Como han traducido las decisiones de nuestros tribunales sobre esta doctrina, resulta exigible aquí un umbral mínimo de estabilidad del orden jurídico y del mercado, compatibilizándose los intereses en juego mediante la previsibilidad regulatoria. Si una conducta de los poderes públicos resulta sorpresiva y no ajustada a las condiciones esperadas, procederá entonces la reparación de aquellos perjuicios injustificados que puedan ocasionarse. Las multimillonarias inversiones que los agentes industriales desembolsan en la creencia del mantenimiento del régimen que les afecta cuando lo trastocan cambios súbitos e impetuosos, encajan en ese resarcimiento, que puede alcanzar magnitudes sobresalientes en los ámbitos afectados por esta delicada cuestión energética.
Nadie comprueba la profundidad del río con ambos pies, reza el dicho. Y en estas materias quizá lo estamos haciendo, además, con las dos manos.
* Columna publicada en http://www.expansión.com
Javier Junceda. Jurista y escritor español. Académico de las Reales Academias Española y Asturiana de Jurisprudencia, de la Norteamericana de la Lengua Española y de la Peruana de Derecho. Columnista, compagina la docencia universitaria con el ejercicio de la abogacía en su propia firma. Cree en la España de ambos hemisferios. Y que procede conservar lo que merece la pena ser conservado.
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