Desde hace años algunos fiscales a cargo de “investigar” a ex Presidentes, ministros y funcionarios públicos del país, pública y reiteradamente exponen que han efectuado “Acuerdos de Beneficios y Colaboración Eficaz” y “han logrado” valiosa información de “colaboradores eficaces” “obteniendo las pruebas” de delitos derivados de corrupción atribuida a los investigados ex-presidentes y los otros “personajes”. Para “realizar” esas colaboraciones hasta han hecho varios viajes al extranjero “para obtener” “acuerdos de beneficios y colaboración eficaz” con personas que están o no sometidas a investigaciones fiscales y/o a procesos penales a cambio de concederles un “beneficio premial” teniendo en cuenta el grado de eficacia o importancia de la colaboración en concordancia con el delito y la responsabilidad de actos atribuidos a los “políticos” que investigan (esos beneficios son: exención de la pena o su disminución o suspensión de la ejecución y beneficios de carácter económico a la empresa corruptora).
La colaboración eficaz es un proceso autónomo, independiente y de consenso entre las partes con el fin perseguir eficazmente a los autores de un delito y sirve para recabar información interna que conduzca a la persecución del delito y la búsqueda de la verdad en el proceso penal. El “colaborador” debe admitir o contradecir hechos en que han intervenido o se le imputen a él. Es un proceso especial reconocido en los artículos 472° y siguientes del Código Procesal Penal establecido por el Decreto Legislativo N°1301 (29/12/2016) y reglamentación. Se entiende que “esa colaboración” es una herramienta importante para la lucha contra la criminalidad organizada y precisa a sus miembros.
El equipo de fiscales a cargo de investigar a los expresidentes, exministros y altos funcionarios públicos, se ha supuesto que eran capaces y eficaces en su “oficio” y estando a los años transcurridos desde que en diciembre del 2016 exploto el “caso Odebrecht en Perú denominado Lava Jato” hasta este año 2023 no se ha concretado y/o concluido los procesos investigatorios ni los judiciales penales aperturados. Los “investigados” son Alejandro Toledo y su esposa Eliane Karp, Alan García Pérez (Suicidado en su domicilio el 17/04/2019 cuando fueron a detenerlo) y su pareja Roxanne Cheesman, Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, Pedro Pablo Kuczynsk. Igualmente los exgobernadores Félix Moreno, César Álvarez, Jorge Acurio Tito, Nery Saldarriaga, los ex-alcaldes Susana Villarán, Luis Castañeda Lossio (ya fallecido); los “políticos candidatos” Keiko Fujimori, Lourdes Flores y otros más. Se les ha atribuido recibir coimas para favorecer en licitaciones públicas a la brasileña Odebrecht, Graña y Montero, Club de la Construcción y otras. Los delitos que se les ha atribuido son cohecho, colusión, negociación incompatible, asociación ilícita, tráfico de influencias, lavado de activos y organización criminal.
El denominado “sub equipo especial de fiscales” de Caso Lava Jato conformado por fiscales superiores, provinciales, personal administrativo y peritos en diversas disciplinas, pese a la auto propaganda que hacían de sus personas, sobre todo el coordinador Fiscal Superior Rafael Vega Barba y el Fiscal Provincial José Domingo Pérez Gómez, a pesar que desde el 2016 (hace más de 6 años) han “laborado” en sus investigaciones a dichos “políticos investigados” y han “propagandizado sus supuestos éxitos”, hasta la fecha (julio del 2023) no han concretado que concluyan sus investigaciones tanto es así que el Juez Víctor Zúñiga Urday, titular del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Crimen Organizado, reiteradamente ha ordenado al Fiscal Pérez que cumpla con subsanar las imprecisiones de la acusación que presentó en marzo de 2021, cuando solicitó más de 30 años de cárcel para Fujimori tras una investigación que se prolongó durante más de dos años. Esto evidencia que en el Ministerio Público no concretan ni en años las investigaciones a los precedentemente nominados “políticos”, con lo que la corrupción virtualmente esta fortalecida. El Ministerio Público está dejando mucho que desear. Los “beneficiados” son los citados políticos procesados en investigaciones fiscales y/o procesos penales. Hasta ahora no hay sentencias contra los mencionados expresidentes del país. ¿Les agrada o interesa que “el plazo” no tenga límite?.
Por información periodística se ha conocido que el fiscal que buscaba ser juez superior no aprobó las pruebas en la Junta Nacional de Justicia, es el popular José Domingo Pérez. ¿Eso evidencia capacidad profesional?.
José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).
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