¿Ineptitud en el Ministerio Público?

El artículo 39° de la Constitución señala: “Todos los funcionarios y trabajadores públicos están al servicio del Estado” (SIC). Si bien, el artículo 5° de la Ley Orgánica del Ministerio Público señala que los fiscales tienen “Autonomía funcional” y pueden actuar “independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio y en la forma que estimen más arreglada a los fines de su institución” (SIC), no por ello dejan de ser servidores Públicos y por ende en su condición de miembros del Ministerio Público están obligados a cumplir con “la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, … y… velar por la moral pública; la persecución y la prevención del delito …” como se desprende del artículo 1° de esa Ley Orgánica, en caso de “deficiencia de la legislación debe considerar los principios generales del derecho” (Artículo 4°). Los fiscales, cualquiera que sea su jerarquía, son abogados y desde estudiantes universitarios conocen que los fiscales están obligados a “la defensa de la legalidad, los derechos ciudadanos y los intereses públicos, … y… velar por la moral pública; la persecución y la prevención del delito …”. Sobre ello no cabe discusión ni argumentos que los exima de cumplir esa responsabilidad como miembros del Ministerio Público.

Todos sin excepción, cada día afrontamos el peligro de ser víctimas de la delincuencia últimamente incrementada escandalosamente con venezolanos, colombianos y de otros países que delinquen en varias “modalidades”. No solamente corremos el riesgo que nos hurten o roben nuestros bienes en calles, transportes, nuestras viviendas, que estafen, extorsionen, etc. sino que nos lesionen o asesinen con armas blancas o de fuego. Cada día se cometen más delitos. Muchos son detenidos por la Policía y puestos a disposición del fiscal correspondiente quien lamentablemente les “concede” libertad a pesar que ya tienen antecedentes policiales y/o penales; vuelven a las calles a proseguir delinquiendo

Gravísimo es lo que informan jefes policiales en diarios y televisión sobre los delincuentes detenidos ya antes y que nuevamente han vuelto a ser apresados por nuevos delitos. Vuelven a ponerlos a disposición del fiscal. Esta libertad “concedida” por fiscales ya es crónica. La población, hasta ancianos y niños, estamos permanentemente expuestos al peligro. La sociedad va perdiendo la fe en los miembros del Ministerio Público.

El escándalo ha estallado. Los 2 delincuentes venezolanos capturados el viernes 16/06/2023 a horas 5:30 p.m. cuando con el denominado “Maldito Cris” se enfrentaron a balazos con la Policía hiriendo a tres custodios y el domingo 18/06/2023 a las 6:44 p.m. con los respectivos documentos fueron puestos a disposición de la Novena Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte que despachaba la fiscal María Abad Tandazo. Ésta el mismo día dispuso su liberación manifestando que la Policía “demoró horas” en ponerlos a disposición del Ministerio Público, sin considerar que personal de esa Fiscalía ya intervino registrando los hechos como el levantamiento del cadáver del “Maldito Cris” y la identificación de dichos dos venezolanos y además la Policía no tenía respuesta al requerimiento virtual que le hacía a esa fiscalía durante el sábado 17 de junio pidiéndole que coordine con las diligencias sobre las investigaciones a los dos venezolanos.

Es inocultable el escandalo ocasionado por doña María del Socorro Abad Tandazo; hasta en el Congreso han evidenciado preocupaciones y citado a la Fiscal de la Nación y Ministro del Interior por ese caso. Esta vez en el Ministerio Público, al no poder ya silenciar la ineptitud expuesta, la Fiscal de la Nación ha “cesado” a esa fiscal (Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 1621-2023-MP-FN (01/07/2013).

En la sociedad hay preocupación e indignación. Es frecuente que fiscales “resuelvan” dando libertad a delincuentes detenidos por la Policía y ya en las calles continúan delinquiendo. Lo informa públicamente la Policía. ¿Porque no se retiró a los fiscales que antes han “resuelto” dando libertad a delincuentes aun con antecedentes policiales y penales? ¿Los han sancionado por no cumplir la finalidad del Ministerio Público? ¿La población puede tener confianza en los fiscales?

La sociedad exige que el Ministerio Público y el Poder Judicial asuman su responsabilidad. Sin dilaciones deben sancionar penalmente a quienes cometen delito.

José Roberto Rendón Vásquez. Más de 40 años desempeñándose como profesor de derecho laboral de la Universidad de San Marcos, fue segundo vicepresidente de la Comisión Reorganizadora de la Universidad de San Marco de 1995 al 2000. Tiene el grado de doctor en derecho por la Universidad de San Marcos, además se ha desempeñado como vocal en la Corte Superior de Lima y fue asesor del directorio de Shougan Hierro-Perú, además ha seguido cursos de especialización en la Universidad Carolina de Praga (República Checa).