El próximo 11 de septiembre se cumplirán 50 años del golpe de Estado en Chile que instaló un régimen dictatorial con el que Pinochet se perpetuó 17 años en el poder. Bajo este régimen se conculcaron derechos y libertades, a la vez que se produjo una persecución y represión masiva. El tinte ideológico de la misma, así como las prácticas fueron similares a las de países vecinos, como Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Coincidiendo con tan señalada fecha se ha estrenado en el Festival Internacional de cine de Venecia la película chilena El conde. Presentada en blanco y negro, como la vida para muchos chilenos en esos años, Pinochet es, en esta alegoría de humor negro, un vampiro que sobrevuela la vida de todos. Películas como la de Pablo Larraín muestran el esfuerzo colectivo por tomar distancia del trauma y empezar a construir desde ahí. Esta narración, con las licencias propias del arte, nos retrotrae a lo sucedido en el país entre 1973 y 1989. En este caso, el director se vale del drama, de la sátira y del terror para contar el pasado mediante una metáfora cinematográfica.
También vemos estos días formas alternativas, oficiales, de mirar el pasado que son noticia tras cincuenta años del golpe. Recientemente el presidente de la República de Chile, Gabriel Boric, anunciaba un Plan Nacional de búsqueda de desaparecidos durante la dictadura. Este compromiso por parte del gobierno, el más ambicioso en Chile hasta la fecha en materia de violaciones de derechos humanos, tiene precedentes de distinta índole y recorrido. Entre otros, cabe citar los valiosos trabajos de identificación de la Vicaría de la Solidaridad en circunstancias adversas durante la dictadura; el informe Rettig que en 1991 publicó la entonces Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; años después el Informe Valech de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura en 2004. Todos ellos preceden al anunciado Plan Nacional. No son los únicos esfuerzos. También destaca la intensa actividad desde la sociedad civil, como la que realiza la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, diferentes fundaciones y también periodistas. Junto a ellos, los numerosos fallos del poder judicial a partir de denuncias de particulares conforman una respuesta a las desapariciones trufadas por un trabajo reconocible y reconocido de los chilenos y de sus instituciones.
Décadas después de la salida de Pinochet del poder que fue posible tras el Referendum de 1988 y las elecciones de 1989, la proyección del país hacia el futuro se enfrenta a otros retos de índole política. El más destacado es la decisión de dotarse de una nueva Constitución aparcando la de 1980. Aunque ésta había sido varias veces reformada en sus nudos gordianos, su continuidad atentaba para muchos chilenos contra la dignidad de su democracia. Tras una primera experiencia que fracasó en 2022, los gobernantes chilenos han hecho gala de creatividad al dotarse de una fórmula alternativa para intentar aprobar una nueva constitución. Si el año pasado fue una Convención Constitucional, elegida mediante elecciones universales la encargada de redactar el borrador que finalmente sería rechazado, se ha diseñado ahora un proceso “desde arriba”. De este modo, el borrador producido por una Comisión Experta, a partir de unas líneas rojas marcadas por las dos cámaras, está siendo actualmente discutido y revisado por un Consejo Constitucional, elegido electo por todos los ciudadanos.
Mientras Chile mira hacia el futuro, conviene reparar en el estado de ánimo de sus ciudadanos. Los habitantes del alargado país han enterrado la efervescencia social de 2019, pandemia de COVID 19 de por medio, para instalarse en un desinterés hacia la posible nueva Constitución. Si meses atrás el problema era la inflación de expectativas generada en torno al texto constitucional, ahora lo es la apatía que ha llevado a que los chilenos se ausenten del debate. Antes de que acabe este año 2023 los chilenos han sido llamados a las urnas para pronunciarse sobre este nuevo borrador. Algunos de los temas más difíciles del anterior borrador como el debate sobre los pueblos originarios, los derechos sociales y el medioambiente se discuten estos días sin que muchos de sus ciudadanos se muestren mínimamente informados sobre el mismo.
La pérdida de interés doméstica por el proceso constituyente se enmarca dentro de un proceso generalizado de caída del apoyo a la democracia en la región (según el último Latinobarómetro los demócratas convencidos habrían descendido del 63% en 2010 al 48% en la actualidad). No obstante, la democracia en Chile cuenta con más defensores que en otros países (58% de chilenos la apoyan decididamente, por detrás de un 69% de Uruguay y un 62% de Argentina). Continuando con la metáfora cinematográfica, a ojos de los chilenos, su democracia ha sido menos vampirizada por partidos, líderes e instituciones que la de otros países con posiciones más desventajosas en este ranking. Chile conmemora su 11 de septiembre y el resto tenemos un recordatorio para nuestras democracias.
Leticia M. Ruiz Rodríguez.
Profesora Titular de la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es Académico Visitante en el Latin American Center de la University of Oxford. Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca, Master en Comparative Politics por la University of North Carolina. Su campo de especialización son los partidos políticos y el rendimiento de los sistemas políticos.
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