Para información de mis lectores voy a hacer un ejercicio de memoria personal acerca del origen de la empresa estatal Petróleos del Perú, mejor conocida como PetroPerú. Es más antigua de lo que se piensa, pues fue fundada a fines de la década del 30 del pasado siglo XX por el Presidente Oscar R. Benavides, para administrar unos pequeños campos petroleros en Tumbes y Piura que el Estado adquirió por alguna razón olvidada. Luego siguió un destino no tan modesto, porque bajo el nombre de Empresa Petrolera Fiscal llevó a cabo en los años 60 la construcción de la primera etapa de la Refinería de La Pampilla. Eso sin perjuicio de construir y operar pequeñas refinerías en Iquitos y Pucallpa para el abastecimiento de nuestra región amazónica.
A raíz del golpe militar de Velasco contra el gobierno constitucional de Fernando Belaunde Terry Velasco en octubre de 1968, se le rebautizó con su actual nombre, asumiendo los activos de la International Petroleum Company (IPC), entre otros la refinería de Talara, así como algunos de sus pasivos. Un año después adquirió la operación de una empresa de accionistas ingleses, la Compañía Petrolera Lobitos, que en ese momento, producía más crudo que la IPC en sus centenarios campos de la Brea y Pariñas. Años más tarde asumió o expropió la refinería de Conchán, cuyo valor también fue compensado a su dueño del exterior.
Durante los años 70 PetroPerú construyó con endeudamiento y/o aval del Estado el Oledoucto NorPeruano y su ramal hasta los campos (Lote A-B después 192) que operaba en ese momento la Occidental Petroleum Corporation (OXY), bajo un contrato denominado Modelo Peruano, que el régimen de Velasco utilizó para abrir la inversión petrolera al capital privado extranjero. En esa misma época el gobierno de Velasco suscribió un convenio con los Estados Unidos, que algunos llamaron Greene-Mercado o Greene-De la Flor. Mediante ese convenio se indemnizó indirectamente a la EXXON, propietaria de la IPC, por la toma de Talara, con un préstamo otorgado al Perú por la banca norteamericana. Esos son los hechos, palabras más o palabras menos.
En 1980 con el retorno de la democracia bajo el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, PetroPerú siguió operando bajo ese esquema, favorecida por el aumento de la producción petrolera nacional, que a fines de los años 70 y comienzos de los 80, llegó la cifra máxima de 220,000 barriles diarios de petróleo (bpd). Desde entonces nuestra producción petrolera ha venido declinando hasta un nivel aproximado de 40,000 bpd. Sin embargo en las décadas de los 80 y 90, un consorcio privado extranjero descubrió los campos de gas de Camisea, lo cual cambió notablemente la situación del Perú. Sin embargo, tal éxito es otra historia.
Con el gobierno de Fujimori en los años 90 se planteó la privatización de PetroPerú, la cual se realizó muy parcialmente. Primero con su cadena de grifos y estaciones de servicio y luego con la venta de la refinería de La Pampilla adquirida por la empresa española REPSOL, que la viene operando hasta el día de hoy. El hecho es que no se pudo o no se quiso privatizar sus demás activos, entre ellos la refinería de Talara.
En el gobierno de Humala, durante los años 2011 al 2016, se presentó un proyecto de ley al Congreso con el objeto de “modernizar la refinería de Talara”, a fin de eliminar por razones ambientales y de salud pública, el plomo en los combustibles que producía. En el curso del debate parlamentario se indicó o dio a entender, que el monto de la inversión sería del orden de los US$ 2,700 millones de dólares más una “inversión privada” del orden de US$ 800 millones que por las razones que fueren nunca se concretó.
Pasaron los años y la llamada “modernización de la refinería de Talara” fue terminada con aportes del Estado, endeudamiento público externo y quizás interno. Debo presumir que el resultado es un complejo productivo totalmente nuevo y además muy eficiente. Pero el problema no reside en ese aspecto específico, sino en la delicada situación económica-financiera de PetroPerú, tal como lo estamos viendo en las constantes noticias que aparecen en los medios.
¿Qué hacer? Sin duda es una situación muy difícil, que hoy constituye uno de los principales problemas nacionales, dado que el Perú no puede quedar desabastecido de combustibles. Igualmente, hasta el momento que se dejen de utilizar – por razones del calentamiento global – los combustibles derivados de los hidrocarburos, el Perú debe seguir produciéndolos. No existe otra alternativa inmediata. Ello no obstante, ¿en la situación económica de PetroPerú, se justifica incursionar en nuevas actividades de prospección y producción, más allá de las que viene realizando en la actualidad por razones de fuerza mayor? El sentido común me indica que no. Pero debemos tener presente que, a veces, el sentido común es el menos común de los sentidos.
Martín Belaunde Moreyra.
Bachiller en Derecho y Abogado por la PUCP y Magíster en Derecho Civil y Comercial por la USMP. Abogado en ejercicio especializado en Derecho Minero e Hidrocarburos. Autor del libro “Derecho Minero y Concesión”. Ha sido Vice Decano, y Decano del Colegio de Abogados de Lima, y Presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú y en el ámbito público: Embajador del Perú en Argentina y Congresista de la República del Perú en el período 2011-2016.
0 comments on “PetroPerú y el sentido común”